Un tribunal de Tailandia dictó sentencia contra los 103 acusados de tráfico humano en un juicio que comenzó en 2015 tras el hallazgo de campamentos ilegales de inmigrantes y fosas comunes en la frontera con Malasia.
Entre los acusados hay empresarios, policías y militares, quienes se enfrentan a condenas de cadena perpetua por delitos relacionados con el tráfico de personas y hasta la pena de muerte en los casos de asesinato.
El imputado de mayor rango es el teniente general Manas Kongpan, a quien el tribunal le permitió durante el proceso prestar declaración a puerta cerrada después de que su defensa alegara que había peligro de que trascendieran secretos de Estado.
La organización Fortify Rights denunció en la víspera las amenazas a testigos e intérpretes durante el proceso y la falta de protección policial, como el caso del policía tailandés que lideró la investigación que desencadenó el caso, Paween Pongsirin, se exilió y pidió asilo en Australia a fines de 2015 por las amenazas.
Paween se encargó de las pesquisas tras el hallazgo, en mayo de 2015, de los restos de unos 36 inmigrantes bangladeshíes y de la minoría musulmana rohinyá -grupo apátrido perseguido en Birmania (Myanmar)- enterrados en la selva del sur del Tailandia, quienes murieron cautivos de las redes de tráfico.
El mes pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos elevó a Tailandia del nivel 3 al 2 en su informe anual sobre Tráfico de Personas: estrato donde se encuentran las naciones que no cumplen los estándares pero realizan el esfuerzo por hacerlo.
