Este jueves 2 de noviembre la Contraloría General de la República aceptó el decreto emitido por el presidente Gabriel Boric, el cual ordena eliminar cuatro fiscalías militares.
El decreto presentado por el mandatario corresponde a una solicitud del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, con el objetivo de optimizar los recursos estatales relacionados con la justicia militar.
Específicamente, las fiscalías militares suprimidas son las ubicadas en Los Andes, Rancagua, Angol y Puerto Varas.
Lo anterior se produce por la disminución de los casos revisados por la justicia militar, luego de la modificación a la Ley 20.477, la cual establece que este tipo de tribunales no puede juzgar a civiles.
“En el marco prescrito en el artículo 1 de la ley 20.477 quedó excluida de la competencia de los tribunales militares el conocimiento de causas en las cuales se vean involucrados civiles, ya sea en calidad de imputados o de víctimas”, detalla el texto enviado por el presidente Boric.
A su vez, el documento agrega que esto último “ha significado una progresiva disminución en el ingreso de causas de competencia de algunos de estos tribunales”.
“La citada reducción lleva a plantearse la necesidad de modificar la actual estructura orgánica de algunos juzgados militares, suprimiendo varias fiscalías militares, de modo tal que su territorio jurisdiccional pase a la competencia de otras fiscalías, optimizando de esta manera el uso de los recursos humanos, de infraestructura y financieros”, puntualiza el decreto.
¿Qué pasará con las ciudades cuyas fiscalías serán eliminadas?
Producto de la determinación, las zonas de las fiscalías militares suprimidas serán absorbidas por otras. En concreto, Los Andes se integrará a la fiscalía militar de Valparaíso; Rancagua se sumará a la fiscalía militar de Talca; Angol será traspasada a Temuco y Puerto Varas quedará a cargo de la fiscalía militar de Valdivia.
Finalmente, será el comandante en jefe del Ejército quien tendrá la labor de reasignar al personal de las fiscalías militares que cerrarán sus puertas tras el veredicto de la Contraloría. CHH
