El Presidente de la República, José Antonio Kast, presentó un borrador de proyecto de ley orientado a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios que, hace dos meses, destruyeron viviendas y provocaron importantes daños en distintas comunas de las regiones de Ñuble y Biobío. El anuncio se realizó durante una actividad en la comuna de Penco, donde autoridades se reunieron con vecinos afectados y dirigentes locales.
Según lo informado por el mandatario, la iniciativa busca abordar no solo la reposición de viviendas, sino también la recuperación económica y social de los territorios impactados por la emergencia. El proyecto considera una asignación extraordinaria de 400 mil millones de pesos destinada a financiar obras de reconstrucción y apoyar a las familias que perdieron sus hogares.
De acuerdo con los antecedentes entregados durante la actividad, alrededor de 720 familias resultaron afectadas por la destrucción de sus viviendas en el sector visitado. Parte de ellas permanece en condiciones transitorias de alojamiento, mientras otras se han trasladado a distintos lugares a la espera de soluciones habitacionales definitivas.
Las autoridades señalaron que el proyecto será presentado como un borrador inicial para iniciar su tramitación legislativa y permitir el debate con parlamentarios y otros actores institucionales. En ese contexto, se indicó que el plan contempla distintos ejes de acción, incluyendo medidas de reconstrucción física, recuperación económica, fortalecimiento institucional y acciones vinculadas al orden y la seguridad.
Entre las medidas económicas propuestas se incluye una reducción gradual del impuesto corporativo desde el 27% al 23%, con el objetivo de incentivar la inversión y la generación de empleo. Asimismo, el plan considera la eliminación temporal del IVA en la venta de viviendas nuevas durante un plazo de un año, con el fin de dinamizar el sector inmobiliario y favorecer la construcción de nuevos proyectos habitacionales.
Desde el Gobierno también se planteó la necesidad de revisar procesos administrativos y regulatorios que puedan retrasar el desarrollo de obras de reconstrucción, particularmente en materias vinculadas a permisos y evaluaciones.