A pocos días del inicio de la nueva administración, el Ejecutivo ya instaló en el debate público una serie de reformas económicas que buscan reordenar las cuentas fiscales y estimular el crecimiento, en medio de un escenario marcado por bajo dinamismo en la inversión y un importante déficit fiscal.
Entre las principales iniciativas se encuentran cambios tributarios para impulsar la construcción y ajustes al sistema de financiamiento de la educación superior, lo que incluye modificaciones a la gratuidad universitaria y una nueva estrategia para el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).
A continuación, revisamos en qué consisten estas medidas.
Fin del IVA a la construcción
Una de las iniciativas más relevantes del plan económico del Gobierno apunta a reactivar el sector inmobiliario, que en los últimos años ha enfrentado una fuerte caída en la inversión y en la venta de viviendas.
La propuesta contempla eliminar temporalmente el IVA aplicado a los insumos de construcción que adquieren las inmobiliarias y constructoras, con el objetivo de reducir los costos de los proyectos habitacionales.
Es importante aclarar que la medida no elimina el IVA de la venta final de las viviendas, sino que busca abaratar los costos durante el proceso de construcción.
Vigencia de la medida
La exención sería transitoria y tendría una duración de 12 meses, período en el cual se espera estimular el inicio de nuevos proyectos inmobiliarios y acelerar la construcción de viviendas.
Tramitación legislativa
Al tratarse de una modificación tributaria, el proyecto debe ser presentado y aprobado por el Congreso Nacional antes de entrar en vigencia.
Impacto esperado
Distintas estimaciones del sector inmobiliario apuntan a que una rebaja tributaria en la cadena de construcción podría reducir el precio de las viviendas entre un 10 % y un 12 %, dependiendo del tipo de proyecto y del peso de los materiales en el costo final.
La medida busca además reactivar uno de los sectores que más empleo genera en el país, en un contexto donde la industria de la construcción ha visto paralizados proyectos y una caída en las ventas de viviendas nuevas.

Gratuidad universitaria con límite de edad
Otro de los cambios que estudia el Gobierno apunta al sistema de gratuidad en la educación superior.
La propuesta del Ejecutivo busca establecer un límite de edad de 30 años para acceder al beneficio en universidades, lo que implicaría focalizar el financiamiento estatal principalmente en estudiantes que ingresan directamente desde la enseñanza media.
Objetivo de la medida
Según el planteamiento del Gobierno, el objetivo es optimizar el gasto público en educación superior, concentrando los recursos en estudiantes que cursan su primera carrera y evitando que el beneficio se extienda por largos períodos.
Actualmente, la gratuidad cubre a estudiantes pertenecientes al 60 % de menores ingresos del país, siempre que cumplan los requisitos académicos establecidos por el sistema.
Excepción para la educación técnica
La propuesta considera una excepción para institutos profesionales y centros de formación técnica, donde la formación técnico-profesional mantendría las condiciones actuales de acceso a gratuidad.
La idea, según el enfoque del Ejecutivo, es fortalecer la educación técnica, considerada clave para responder a las necesidades del mercado laboral.

Adiós al FES y fortalecimiento del CAE
En paralelo, el Gobierno confirmó que no continuará impulsando el proyecto del Fondo de Educación Superior (FES) que fue promovido durante la administración anterior.
El FES buscaba reemplazar el actual sistema de créditos universitarios por un esquema de financiamiento contingente al ingreso administrado por el Estado.
En su lugar, el Ejecutivo anunció que su prioridad será fortalecer el sistema actual del Crédito con Aval del Estado (CAE), especialmente en materia de recuperación de recursos.
Las prioridades del plan
Aumento del cobro a titulados con mayores ingresos. El foco estará puesto en mejorar la tasa de pago entre quienes ya egresaron y cuentan con capacidad económica para cumplir con sus obligaciones financieras.
Combate a la morosidad
Según estimaciones del sistema, la morosidad de titulados que utilizaron el CAE ha aumentado cerca de un 25 % en los últimos cuatro años, lo que ha impactado la recuperación de los recursos destinados al financiamiento estudiantil.
El objetivo del Gobierno es fortalecer los mecanismos de cobro y reducir los niveles de incumplimiento, buscando aliviar la carga fiscal asociada a este sistema.






