La Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite un recurso de protección presentado por 202 militares condenados por violaciones a los derechos humanos, quienes denunciaron falta de acceso a atención médica adecuada en el penal Colina 1, conocido como “Punta Peuco 2”.
La acción judicial fue dirigida contra el director nacional de Gendarmería de Chile, Rubén Pérez, además del alcaide del recinto.
Denuncian dificultades para acceder a atención médica
Según consignó Informe Especial de 24 Horas, el recurso, patrocinado por el abogado Ricardo Bravo, la mayoría de los internos corresponde a personas de edad avanzada con enfermedades crónicas que requieren controles permanentes.
“En su gran mayoría corresponden a personas adultas mayores (…) portadoras de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes y otras patologías que requieren control clínico permanente”, señala el libelo.
El abogado calificó la situación como “grave”, enfatizando que el Estado tiene un rol garante respecto a la salud de las personas privadas de libertad.
Asimismo, advirtió que los retrasos en derivaciones médicas provocan la pérdida de horas previamente agendadas, obligando a reiniciar los procesos de atención.
Corte exige informe en cinco días
El tribunal de alzada capitalino ordenó a Gendarmería evacuar un informe en un plazo máximo de cinco días, para responder a las acusaciones de vulneración de garantías constitucionales.
La decisión fue adoptada de manera unánime por la sala integrada por los ministros Guillermo de la Barra, Lidia Poza y el abogado integrante Pablo Toledo.
Pendiente resolución clave
En paralelo, aún está pendiente la resolución sobre la Orden de No Innovar solicitada por los recurrentes, la que busca obligar al servicio penitenciario a garantizar la atención médica requerida.
Esta arista quedó en manos de la Cuarta Sala de la Corte de Santiago.
Contexto y perfil de los internos
Entre los reclusos figuran ex agentes de organismos como la DINA, CNI y el Comando Conjunto, además de exintegrantes de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, todos condenados por delitos de lesa humanidad.
El recurso también apunta al incumplimiento de un protocolo vigente desde 2023, que establece la priorización de atención para personas privadas de libertad con emergencias de salud, en línea con estándares internacionales como las Reglas Mandela.