El Gobierno ingresó con suma urgencia iniciativas para enfrentar la violencia en colegios de Chile, tras una serie de hechos recientes que encendieron las alertas, entre ellos el asesinato de una inspectora en Calama y la detención de un estudiante que portaba un arma de fuego.
En concreto, se trata de dos proyectos de ley que contemplan siete medidas. Seis de ellas apuntan al control y prevención dentro de los establecimientos, mientras que la restante busca endurecer las sanciones penales por delitos cometidos en contextos escolares.
Cambios en control y convivencia escolar
Entre las principales propuestas, se establece que los colegios podrán revisar mochilas para evitar el ingreso de elementos peligrosos. Además, se busca reforzar la autoridad de los docentes para mantener el orden en el aula.
También se considerará como falta grave interrumpir clases, mientras que los reglamentos internos deberán prohibir el uso de capuchas u otros accesorios que impidan la identificación de los estudiantes.
Otro punto relevante es la reorganización del sistema de denuncias en convivencia escolar, con el objetivo de dar respuesta más rápida a conflictos y evitar su escalamiento dentro de las comunidades educativas.
Asimismo, se propone que personas condenadas por delitos no puedan acceder a la gratuidad en la educación superior, como una medida adicional de responsabilidad.
Agravante penal por delitos en recintos educacionales
El segundo proyecto plantea modificar el Código Penal para incorporar como agravante el hecho de cometer delitos al interior de establecimientos educacionales.
Desde el Ejecutivo han señalado que estas iniciativas buscan dar una respuesta concreta a la creciente preocupación por la violencia en colegios de Chile, abordando tanto la prevención como las sanciones, en un escenario donde la seguridad escolar se ha vuelto una prioridad a nivel nacional.
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