Las penas a menores por delitos graves volvieron al centro del debate luego de que el Gobierno decidiera poner suma urgencia a la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Con esta medida, el Congreso tendrá un plazo de 15 días para revisar y despachar la iniciativa en cada uno de sus trámites, priorizando su avance.
La decisión surge tras una solicitud presentada por parlamentarios de Renovación Nacional, en un contexto marcado por el aumento de hechos de violencia protagonizados por adolescentes. Uno de los casos que tensionó la discusión fue el asesinato de una inspectora en un establecimiento educacional en Calama, situación que generó amplio impacto a nivel país.
Desde el oficialismo se explicó que la urgencia no implica una aprobación automática del proyecto, pero sí obliga a acelerar su discusión legislativa. En ese escenario, la senadora Camila Flores valoró la medida y destacó la necesidad de avanzar con rapidez en esta materia.
Debate por sanciones más estrictas
La parlamentaria advirtió sobre la creciente participación de menores en delitos graves, señalando: “Observamos con preocupación cómo, a edades cada vez más tempranas, se cometen delitos al interior de los establecimientos educacionales, afectando a toda la comunidad”.
Además, sostuvo que existe una percepción de impunidad en este tipo de casos, lo que — a su juicio — debilita el respeto por las normas y la convivencia social.
En esa línea, el proyecto apunta a que delitos como el homicidio o la violación con homicidio tengan sanciones proporcionales a su gravedad, independiente de la edad de quien los cometa. Así, la discusión sobre penas a menores por delitos graves vuelve a instalarse como uno de los temas prioritarios en materia de seguridad pública.