Un nuevo capítulo judicial se abrió en torno a causas por violaciones a los derechos humanos, luego de que la Corte de Apelaciones de San Miguel resolviera que el exagente de la DINA César Manríquez Bravo no continúe en Punta Peuco y sea trasladado al cuidado de su entorno familiar.
La decisión —que será apelada ante la Corte Suprema— se basa en que el condenado presenta una condición de enajenación mental irreversible, lo que, a juicio del tribunal, hace improcedente mantener una pena privativa de libertad en su actual estado.
El trasfondo: condena por secuestros en la Operación Colombo
Manríquez fue condenado por delitos vinculados a la Operación Colombo, uno de los episodios más emblemáticos de la represión durante la dictadura, donde decenas de opositores fueron hechos desaparecer.
En ese contexto, el fallo vuelve a tensionar un tema sensible: cómo se ejecutan las penas en crímenes de lesa humanidad cuando los condenados presentan deterioro físico o cognitivo severo.
La clave del fallo: cuestionamiento al informe psiquiátrico
Uno de los elementos decisivos fue el rechazo del tribunal a un informe del Hospital del Salvador que sugería que el exmilitar podría estar simulando su deterioro.
La Corte fue categórica al señalar que dicho documento carece de rigor técnico, al no utilizar herramientas estandarizadas ni cumplir con los requisitos legales exigidos para un peritaje.
Además, remarcó que no fue elaborado por el Servicio Médico Legal ni por peritos acreditados, lo que reduce significativamente su valor probatorio.
Deterioro progresivo y dependencia total
En contraposición, los jueces dieron mayor peso a informes previos que describen un cuadro demencial avanzado, con pérdida de memoria, desorientación y dependencia para actividades básicas.
Según estos antecedentes, el exagente se encuentra en condición de semipostración y requiere asistencia permanente, lo que refuerza la incompatibilidad de su estado con el régimen penitenciario.
Derechos humanos vs. cumplimiento de condena
El fallo también invoca estándares internacionales, señalando que el Estado debe garantizar condiciones dignas incluso a personas condenadas por delitos graves.
En esa línea, se enfatiza que la privación de libertad no puede ejecutarse en condiciones que vulneren la integridad física o mental del condenado, especialmente tratándose de personas mayores.
Reacciones: apoyo de la defensa y rechazo de querellantes
Desde la defensa, la abogada Carla Fernández sostuvo que la resolución responde a la correcta aplicación del derecho, considerando la condición médica del exmilitar.
En contraste, la parte querellante cuestionó duramente el fallo, advirtiendo que el tribunal desestimó antecedentes clínicos relevantes. Además, plantearon que, ante dudas, lo procedente era ordenar un nuevo peritaje.
Por ello, confirmaron que acudirán a la Corte Suprema, lo que abre un nuevo flanco judicial en un caso que sigue generando controversia.
Lee el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel a continuación: