La protección para funcionarios municipales dio un nuevo paso luego que la Contraloría General de la República (CGR) emitiera un dictamen que permite a las municipalidades adquirir elementos de seguridad para alcaldes, concejales e inspectores que hayan sido víctimas de amenazas concretas y formalmente denunciadas.
La medida autoriza, de manera excepcional y transitoria, la compra de implementos destinados a resguardar la integridad de autoridades comunales y trabajadores municipales sin necesidad de realizar una licitación previa.
Según explicó el organismo fiscalizador, esto podrá aplicarse mientras exista una situación de riesgo acreditada mediante informes técnicos elaborados por policías competentes o por instrucción del Ministerio Público.
La CGR sostuvo que los municipios cuentan con atribuciones legales para colaborar en materias de seguridad pública comunal, lo que respalda la adquisición de instrumentos de protección para quienes cumplen funciones vinculadas a fiscalización y prevención del delito.
Respaldo legal y recursos municipales
El dictamen también recordó la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.802, fijada para el 12 de agosto de 2026, normativa que fortalece la institucionalidad municipal en seguridad pública. Entre sus disposiciones, establece que las municipalidades deberán proporcionar elementos defensivos a inspectores de seguridad municipal para el correcto desarrollo de sus funciones.
En esa línea, la Contraloría indicó que cada municipio deberá evaluar sus posibilidades presupuestarias para entregar estas herramientas, considerando las condiciones de seguridad necesarias para el desempeño laboral de sus funcionarios.
Además, el organismo enfatizó que las medidas deberán ser temporales y justificadas, manteniéndose únicamente mientras persista la amenaza o situación de riesgo.
Con este nuevo criterio, la protección para funcionarios municipales podrá reforzarse en comunas donde autoridades o equipos de seguridad hayan enfrentado episodios de intimidación relacionados con sus labores.