La decisión ya es definitiva. La Corte Suprema de Chile ratificó la salida de prisión del exagente de la DINA César Manríquez Bravo, de 95 años, condenado por secuestros calificados de detenidos desaparecidos durante la dictadura.
El máximo tribunal respaldó así lo resuelto previamente por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que había determinado que Manríquez dejara el penal de Punta Peuco para quedar bajo el cuidado de su familia.
La resolución fue adoptada por la Segunda Sala en votación dividida. La mayoría estimó que el estado de salud del exuniformado hace incompatible el cumplimiento de una pena privativa de libertad.
Informes médicos fueron clave
Durante la revisión del recurso de amparo, los jueces analizaron antecedentes clínicos y pericias psiquiátricas que concluyeron que César Manríquez Bravo presenta un cuadro de «deterioro cognitivo severo e irreversible».
Bajo ese criterio, la Corte concluyó que mantenerlo recluido podía comprometer su integridad y seguridad personal, razón por la cual confirmó el término del cumplimiento efectivo de la condena.
La resolución del máximo tribunal cerró así una discusión que ya se había instalado semanas atrás, cuando el caso escaló desde Corte de Apelaciones de San Miguel hasta la instancia suprema.
Condena por desapariciones forzadas
En 2023, la justicia condenó a César Manríquez Bravo a 15 años de presidio por el secuestro calificado de 16 víctimas de desaparición forzada en el marco de la Operación Colombo.
La DINA levantó ese operativo para encubrir la desaparición y el asesinato de opositores políticos entre 1974 y 1975. Con el paso de los años, el caso se transformó en uno de los montajes represivos más emblemáticos de la dictadura.
Tras revisar los antecedentes, la Corte Suprema de Chile resolvió el recurso sin alegatos y zanjó la controversia con una votación de tres votos contra dos.
Querellantes cuestionaron el beneficio
La decisión no estuvo exenta de reparos. Los ministros que votaron en contra pusieron el foco en aspectos procesales de la revisión judicial, mientras que abogados querellantes sostuvieron que existirían elementos que apuntarían a una eventual simulación de demencia.
Tras conocerse la resolución, la defensa de César Manríquez Bravo afirmó que el exagente no regresará a prisión y que permanecerá en su domicilio junto a su esposa.
El fallo también volvió a poner en el centro el actuar del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, luego de que su nueva dirección instruyera a sus abogados no oponerse al beneficio solicitado por la defensa.
Esa determinación generó críticas de organizaciones de derechos humanos y querellantes, quienes cuestionaron que condenados por delitos de lesa humanidad puedan acceder a este tipo de medidas.