La tramitación del proyecto “Escuelas Protegidas” dio un nuevo paso este lunes luego de que la Comisión de Educación del Senado aprobara, en general y por unanimidad, la propuesta impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast para enfrentar hechos de violencia al interior de establecimientos educacionales.
La iniciativa avanzó pese a las dudas y observaciones planteadas por algunos parlamentarios durante el debate. Con ello, el texto continuará su discusión en particular dentro de su segundo trámite constitucional.
El proyecto apunta a entregar mayores herramientas de resguardo y seguridad a las comunidades educativas, en medio del debate por el aumento de episodios de violencia escolar registrados en el país.
Comisión continuará revisando indicaciones la próxima semana
La Comisión de Educación del Senado está integrada por los senadores Gustavo Sanhueza, Rojo Edwards, Vlado Mirosevic, Yasna Provoste y Cristián Vial.
Tras aprobar la idea de legislar, la instancia acordó continuar con audiencias junto a representantes del mundo educativo los próximos 13 y 15 de mayo.
Además, se fijó para el viernes 16 la votación de las indicaciones que sean ingresadas hasta el mediodía de esa jornada.
Qué propone el proyecto Escuelas Protegidas
La iniciativa surgió luego del homicidio de la inspectora María Victoria Reyes, quien murió tras ser atacada con un arma blanca por un estudiante de 18 años en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.
Entre las medidas incluidas en el proyecto se encuentra la posibilidad de revisar mochilas, bolsos y pertenencias de estudiantes cuando existan sospechas fundadas de que portan objetos peligrosos.
En caso de detectarse elementos que representen un riesgo para la comunidad escolar, los establecimientos deberán informar a los apoderados y dar aviso a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones de Chile.
El texto también propone reforzar la autoridad de los docentes dentro de las salas de clases y prohibir que estudiantes oculten su rostro al interior de los recintos educacionales.
Además, la propuesta impedirá durante cinco años el acceso a gratuidad universitaria a estudiantes condenados por hechos graves de violencia, aunque un juez podrá revertir la sanción antes de ese plazo.
Parlamentarios expresaron reparos durante la discusión
Durante el debate, el senador Vlado Mirosevic señaló que “es necesario entregarles autonomía a las escuelas y a los consejos escolares” para decidir cómo aplicar la normativa.
El parlamentario agregó que “apoderados y alumnos nos han pedido que avancemos en esto”, aunque adelantó que buscará introducir modificaciones durante la discusión en particular.
Asimismo, sostuvo que la violencia extrema representa solo una parte de las denuncias que hoy enfrentan las comunidades educativas.
Por su parte, la senadora Yasna Provoste cuestionó el enfoque de la iniciativa y afirmó que el proyecto “se relaciona con una lógica de control y sanción”.
“La experiencia internacional nos demuestra que ese no es el camino adecuado”, sostuvo.
En tanto, los senadores Cristián Vial, Rojo Edwards y Gustavo Sanhueza manifestaron su disposición a continuar la tramitación incorporando observaciones planteadas por comunidades educativas y especialistas.