El Gobierno intensificó las gestiones en el Congreso para acelerar la tramitación del proyecto “Escuelas Protegidas”, iniciativa impulsada por La Moneda para enfrentar hechos de violencia escolar y que busca transformarse en uno de los anuncios clave de la próxima cuenta pública del presidente José Antonio Kast.
El encargado de liderar las coordinaciones fue el ministro de la Segpres, José García Ruminot, quien realizó gestiones en el Senado para concretar una sesión adicional el próximo lunes y así acelerar la votación del proyecto.
Inicialmente, la sesión estaba fijada para las 15:00 horas, aunque finalmente se adelantó para las 14:00 tras las conversaciones impulsadas por el Ejecutivo.
La estrategia del Gobierno apunta a que la discusión en el Senado se conecte posteriormente con el debate que sostendrá la Cámara de Diputadas y Diputados durante la misma jornada, buscando avanzar rápidamente en el segundo trámite constitucional de la iniciativa.
Gobierno busca mostrar avances legislativos
Desde La Moneda reconocen que uno de los objetivos principales es llegar a la primera cuenta pública de Kast mostrando avances concretos en materias de seguridad y convivencia escolar.
El Ejecutivo además otorgó discusión inmediata al proyecto, mecanismo que obliga a la cámara respectiva a despachar la iniciativa en un plazo acotado de seis días.
Según versiones del oficialismo, el Gobierno cuenta con los votos necesarios para aprobar la idea de legislar en el Senado, considerando el respaldo de las bancadas oficialistas y el apoyo anunciado por la senadora Yasna Provoste durante la discusión en la Comisión de Educación.
Qué propone el proyecto “Escuelas Protegidas”
La iniciativa contempla seis artículos y busca endurecer medidas relacionadas con violencia escolar y acceso a beneficios estudiantiles.
Uno de los puntos más relevantes propone incorporar un nuevo requisito para acceder a la gratuidad universitaria: no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica, la propiedad o la infraestructura pública.
El proyecto además abre la posibilidad de que los establecimientos educacionales implementen protocolos internos para la revisión de mochilas, bolsos y otros objetos personales de estudiantes, medida que ha generado debate entre parlamentarios y organizaciones vinculadas al ámbito educacional.