La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto Escuelas Protegidas, iniciativa que busca fortalecer la seguridad, el orden y el respeto al interior de las comunidades educativas.
La propuesta surge como una respuesta al aumento de hechos de violencia registrados en establecimientos educacionales y contempla diversas herramientas para prevenir y enfrentar este tipo de situaciones.
Revisión de mochilas y pertenencias
Entre las medidas más debatidas se encuentra la facultad de los sostenedores para incorporar en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos y otros efectos personales de los estudiantes, excluyendo sus vestimentas.
Además, se agregó la posibilidad de solicitar que los alumnos muestren o vacíen el contenido de sus bolsillos. En caso de encontrarse elementos potencialmente peligrosos, se deberá informar de inmediato a los padres o apoderados y a las policías.
¿Qué ocurre si un estudiante se niega a la revisión?
La norma también establece un procedimiento para los casos en que un estudiante rechace someterse a una revisión. Si la negativa persiste, incluso en presencia de sus padres o apoderados, estos deberán retirar las pertenencias del establecimiento y el sostenedor tendrá que informar la situación a la Oficina Local de la Niñez.
Pérdida de gratuidad y sanciones a agresores
Escuelas Protegidas contempla que estudiantes condenados por delitos contra la vida, la integridad física, la integridad sexual o la propiedad no podrán acceder al beneficio de gratuidad en la educación superior.
En el caso de delitos contra la propiedad, la restricción se aplicará cuando los hechos hayan sido cometidos en establecimientos educacionales, instituciones de educación superior o sus inmediaciones.
Asimismo, los adultos condenados por agresiones contra docentes o asistentes de la educación quedarán inhabilitados para contratar con el Estado durante tres años.
Debate y reparos
Durante la discusión parlamentaria, diversos legisladores valoraron el avance de la iniciativa, señalando que la violencia escolar afecta directamente el derecho a la educación. No obstante, también se advirtió que la norma no resuelve por sí sola los problemas estructurales asociados a la violencia y la salud mental.
Además, algunos parlamentarios presentaron reservas de constitucionalidad respecto de las revisiones a estudiantes y de la restricción del acceso a la gratuidad, argumentando posibles vulneraciones a derechos fundamentales.
La entrada en vigencia de las distintas disposiciones será gradual y se coordinará con la implementación de la Ley N.º 21.809 sobre convivencia, buen trato y bienestar en las comunidades educativas.