La Superintendencia de Educación publicó el Dictamen N.° 78, documento que actualiza los criterios sobre seguridad en los establecimientos educacionales y abre la posibilidad de implementar pórticos detectores de metales en colegios, además de otras tecnologías destinadas a prevenir el ingreso de armas u objetos peligrosos.
La medida reemplaza el Dictamen N.° 65 de 2022, que consideraba improcedente la instalación de estos sistemas y la revisión de pertenencias de los estudiantes. La actualización responde a los cambios incorporados por la Ley N.° 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, normativa que comenzará a regir el próximo 1 de julio.
De acuerdo con la Superintendencia, el nuevo marco busca entregar mayor claridad a los establecimientos frente a las crecientes preocupaciones relacionadas con la seguridad escolar, estableciendo requisitos concretos para la aplicación de medidas de resguardo dentro de las comunidades educativas.
Entre las disposiciones, se establece que los establecimientos podrán incorporar pórticos, detectores de metales u otros dispositivos similares. Sin embargo, su implementación no será automática. Para ello se deberá contar con acuerdos dentro de la comunidad educativa, protocolos internos claramente definidos e informes técnicos y autorizaciones emitidas por las autoridades correspondientes.
Revisión de mochilas
Respecto a la revisión de mochilas y pertenencias personales, el organismo precisó que esta medida aún requiere una habilitación legal expresa. Actualmente, esa normativa se encuentra pendiente de promulgación por parte del Presidente de la República y de su posterior publicación en el Diario Oficial.
La autoridad también enfatizó que la seguridad no depende exclusivamente de herramientas tecnológicas. En ese sentido, la nueva legislación promueve acciones preventivas y formativas, complementarias al uso de pórticos detectores de metales en colegios, mediante planes de convivencia orientados al respeto, el buen trato y la resolución pacífica de conflictos.
Estas acciones se desarrollarán a través de los planes de gestión de la convivencia educativa, herramientas que buscan fortalecer ambientes seguros y prevenir situaciones de violencia dentro de las comunidades escolares.
La superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola, señaló que el dictamen entrega mayor claridad para que las escuelas adopten medidas de seguridad adecuadas, resguardando no solo los derechos de los estudiantes, sino también los de docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.
Asimismo, indicó que el rol de la institución será acompañar y orientar a los establecimientos en la correcta aplicación de estas medidas, procurando que su implementación se ajuste a la normativa vigente y contribuya a mejorar la seguridad en los recintos educacionales.