La Tesorería General de la República (TGR) entregó nuevos antecedentes sobre el proceso de cobro de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), confirmando que más de 1.500 personas han sido embargadas en lo que va del año. La medida forma parte de una estrategia orientada a recuperar recursos fiscales que superan los $4 billones, monto que el Estado ha debido desembolsar para responder ante los bancos por créditos impagos.
Según informó la institución, actualmente más de 550 mil personas registran incumplimientos en el pago de sus obligaciones vinculadas al CAE, situación que ha generado una millonaria deuda a favor del Fisco.
Embargos se concentran en contribuyentes de mayores ingresos
Desde la Tesorería precisaron que la mayor parte de los embargos ejecutados hasta ahora ha recaído sobre personas que declararon ingresos iguales o superiores a $3,5 millones mensuales en la Operación Renta correspondiente al Año Tributario 2025.
La institución explicó que estas acciones se aplican cuando los deudores no responden a las alternativas de regularización ofrecidas previamente. Además, aclaró que el hecho de que los primeros embargos se hayan concentrado en contribuyentes de mayores ingresos no implica que el proceso de cobro se encuentre suspendido para otros casos.
Más de 32 mil personas han regularizado sus deudas
El tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, informó que durante este año más de 32 mil personas han suscrito convenios de pago ajustados a su situación económica.
“Para ello hemos dispuesto alternativas que incluyen condiciones especiales para quienes tengan menores niveles de ingreso, con el propósito de facilitar la regularización de estas obligaciones”, señaló la autoridad.
Asimismo, la TGR recordó que las personas cesantes pueden acceder a facilidades de pago presentando la documentación correspondiente a través de la Oficina Virtual de Trámites, incluyendo certificado de cotizaciones previsionales y finiquito laboral.
Corte respalda facultades de cobro de la TGR
En paralelo, la Tesorería destacó un reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Arica que rechazó un recurso de protección presentado por un deudor del CAE y validó las facultades legales de la institución para ejecutar acciones de cobro.
Según la entidad, la resolución ratifica que, una vez que el Estado paga la garantía de estos créditos, los montos adeudados pasan a formar parte del patrimonio fiscal, permitiendo la aplicación de los mecanismos de recuperación establecidos por la ley.
La institución reiteró el llamado a quienes mantienen deudas asociadas al CAE a informarse sobre las alternativas disponibles y regularizar su situación para evitar medidas de cobro más gravosas.