Las propuestas laborales presentadas por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) buscan abrir el debate sobre una serie de cambios normativos que, según la entidad gremial, podrían contribuir a recuperar el dinamismo del mercado del trabajo en Chile.
La iniciativa fue expuesta ante la Mesa de Reactivación Económica liderada por el economista David Bravo, en un contexto marcado por el aumento del desempleo y la disminución sostenida de las ofertas laborales.
Según el último boletín del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación alcanzó el 9,1% en el trimestre febrero-abril, su nivel más alto en casi cinco años. Paralelamente, las vacantes laborales acumulan siete meses consecutivos de retroceso.
Cambios al Código del Trabajo
Entre las medidas planteadas por la CCS destaca la modificación de normas que, a juicio del gremio, generan rigideces en el mercado laboral. Una de ellas busca que las asignaciones de colación y movilización entregadas a estudiantes en práctica no sean consideradas renta, evitando obligaciones tributarias asociadas.
Asimismo, propone flexibilizar la polifuncionalidad laboral mediante capacitación y certificación de competencias para los trabajadores. En relación con la Ley de 40 Horas, la organización plantea ampliar el período de cálculo de la jornada laboral desde las actuales cuatro semanas hasta un máximo de seis meses.
Las propuestas laborales también incluyen permitir que los empleadores exijan el uso de feriados acumulados por dos períodos o más, modificar ciertas condiciones vinculadas a licencias médicas y establecer un sistema nacional de feriados con una planificación más estratégica.
Reformas a la Dirección del Trabajo
La CCS también plantea cambios a la Dirección del Trabajo, incluyendo la separación de sus funciones de fiscalización, interpretación y mediación. Además, propone simplificar la autorización de jornadas excepcionales cuando exista acuerdo de al menos el 75% de los trabajadores involucrados.
En materia de empleo femenino, el gremio sugiere incentivos tributarios para la contratación de personal de servicio doméstico y respalda el proyecto de sala cuna universal, señalando que su financiamiento no debería transformarse en una barrera para la generación de nuevos puestos de trabajo.