La Contraloría General de la República (CGR) rechazó el reglamento de la denominada “Ley Uber”, tras realizar una serie de observaciones que impidieron su tramitación.
A través de un oficio, el organismo fiscalizador concluyó que la propuesta presentada por el Ministerio de Transportes carece de fundamentos suficientes para justificar varios de los cambios incorporados.
Según el documento, el acto “elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi, tales como antigüedad máxima de operación, antigüedad mínima para su primera inscripción y cilindrada mínima, sin que consten los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas, ni las razones por las cuales no se sometieron a consulta pública”.
“Se incluyen modificaciones que rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe, de manera que, con mayor razón, resulta menester que tal decisión se encuentre debidamente fundada en razones fácticas, técnicas y jurídicas debidamente acreditadas”, señaló la Contraloría.
El reglamento enviado por la actual administración de Transportes, liderada por Louis de Grange a fines de abril, introducía modificaciones respecto de la versión elaborada durante el gobierno anterior, que buscaba equiparar las condiciones exigidas a los vehículos de aplicaciones y a los taxis tradicionales, incluyendo una cilindrada mínima de 1.400 cc.
En contraste, la Contraloría sostuvo que el nuevo reglamento de la Ley Uber eliminaba o flexibilizaba varios de esos requisitos con el objetivo de “evitar efectos negativos en el empleo”.
Asimismo, el organismo recordó al ministerio que tanto la ley como su propia jurisprudencia exigen que los actos administrativos cuenten con una adecuada fundamentación para prevenir decisiones arbitrarias o que, “eventualmente, pudieran estimarse una desviación de poder”.