Una investigación realizada en Chile, Costa Rica y El Salvador reveló que una parte importante de la ciudadanía ya no evalúa la democracia principalmente por la existencia de elecciones libres, sino por su capacidad para responder a problemas cotidianos como la falta de seguridad, la desigualdad y el acceso a servicios públicos de calidad.
Los resultados provienen de una encuesta aplicada el año pasado en el marco de la investigación doctoral en Ciencias Sociales de Jesús Guzmán, de la Universidad Diego Portales (UDP).
El estudio buscó identificar qué entienden las personas por democracia, qué elementos consideran más importantes para definirla y cuán dispuestas estarían a aceptar medidas que la debiliten para enfrentar los principales desafíos del país.
En Chile, los datos muestran que los ciudadanos sigue valorando el sistema democrático, aunque su percepción está cada vez más asociada a los resultados concretos que entrega que a sus mecanismos institucionales.
Al pedir a los participantes que señalaran las características más importantes de una democracia, la igualdad ante la ley fue la respuesta más frecuente, con un 60,3% de las menciones. Le siguieron los servicios públicos eficaces, con un 55,3%, y la seguridad, con un 51,8%.
Por el contrario, las elecciones libres fueron mencionadas solo por el 21,1% de los encuestados, lo que las sitúa entre los aspectos menos considerados para caracterizar un régimen democrático.
El estudio también mostró diferencias entre grupos etarios. Las personas mayores de 45 años otorgan más valor a las instituciones democráticas, en tanto, entre los menores de 24 años la valoración aparece más equilibrada entre instituciones, derechos, libertades y resultados concretos que inciden en la vida diaria.
Respecto de los principales problemas del país, el 50,6% identificó la inseguridad y el crimen organizado como su mayor preocupación. Luego, la encuesta consultó por posibles medidas para enfrentar ese escenario, incluidas acciones incompatibles con los principios democráticos, como suspender partidos políticos, ignorar resoluciones judiciales o gobernar sin controles institucionales.
Si bien la mayoría rechazó esas alternativas, entre un 10% y un 30% expresó algún grado de acuerdo con restringir derechos o debilitar instituciones democráticas.
Además, quienes consideran la inseguridad como el principal problema mostraron mayor disposición a aceptar restricciones de derechos, aunque no necesariamente a suspender elecciones o concentrar el poder político.