El Gobierno afina las indicaciones que ingresará al Congreso para modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Entre las medidas que analiza figura una de las más relevantes de los últimos años: permitir que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados bajo la legislación penal para adultos cuando enfrenten acusaciones por delitos de extrema gravedad.
La iniciativa será presentada durante los próximos días y forma parte de un paquete de cambios que busca fortalecer la respuesta del Estado frente a la participación de menores de edad en hechos violentos.
La reforma apunta a los delitos más graves
A diferencia de otras propuestas que han planteado reducir la edad de responsabilidad penal, el Ejecutivo optó por mantener el límite actual y modificar las reglas aplicables a quienes ya son imputables.
La propuesta considera incorporar un mecanismo denominado transferencia judicial, que permitiría trasladar determinados casos desde la justicia juvenil al sistema penal adulto.
Esta alternativa solo podría utilizarse en delitos como homicidios, secuestros o atentados con explosivos y requeriría una solicitud del Ministerio Público. Posteriormente, un juez deberá resolver si corresponde aplicar esa medida, tras escuchar tanto a la Fiscalía como a la defensa del adolescente.
Qué elementos evaluará el tribunal
La decisión no dependerá únicamente del delito investigado. El proyecto contempla que los jueces analicen diversos antecedentes antes de resolver.
Entre ellos destacan:
- La gravedad del hecho investigado.
- La participación que tuvo el adolescente.
- Sus antecedentes por reincidencia o reiteración de delitos.
- El riesgo que represente para la seguridad pública.
Además, el Ejecutivo estudia aumentar las sanciones para adolescentes reincidentes y permitir que quienes cumplan 18 años mientras cumplen condena por delitos especialmente graves puedan continuar su pena en recintos penitenciarios para adultos.
El Gobierno descarta bajar la edad de imputabilidad
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó a Radio Pauta que el Ejecutivo no pretende modificar la edad de responsabilidad penal, sino perfeccionar la legislación vigente.
Entre las indicaciones que prepara el Gobierno se encuentra la incorporación de la reincidencia como un factor que permita agravar las penas cuando un adolescente vuelva a delinquir.
Asimismo, el secretario de Estado recordó que el Ejecutivo impulsa un proyecto de responsabilidad parental, destinado a abordar los casos de menores de 14 años involucrados en hechos constitutivos de delito.
Cordero pide no centrar el debate solo en las sanciones
El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió que endurecer las penas no resolverá por sí solo el problema de la delincuencia juvenil.
«Pensar como solución simplemente esto, es generar mejores condiciones de reclutamiento por parte de bandas».
A su juicio, la discusión también debe enfocarse en fortalecer las políticas de prevención y reinserción, ya que, de lo contrario, existe el riesgo de aumentar la reincidencia y consolidar un ciclo permanente de criminalidad entre adolescentes.