La Contraloría General de la República (CGR) concluyó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, excedió las atribuciones que le otorgaba la ley al solicitar antecedentes a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre funcionarios vinculados a una investigación penal en curso.
De acuerdo con el dictamen, la entonces secretaria de Estado solicitó a la PDI, apenas dos días después del cambio de Gobierno, “un informe detallado respecto del personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado específica, vinculada a la investigación penal de una causa determinada y que se encontraba en curso, a cargo de una Fiscalía Regional del Ministerio Público”.
El organismo fiscalizador indicó que la petición para conocer las razones de la reasignación de funcionarios, en principio, sí se enmarca dentro de las facultades de fiscalización y de solicitud de información que la legislación entrega al Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, advirtió que el oficio fue más allá de esas competencias.
Según la resolución, la exministra no solo pidió información general sobre los cambios de personal, sino también exigió “la nómina detallada (nombre completo, cédula de identidad y grado de los funcionarios trasladados y/o cesados en sus funciones investigativas respecto de una causa RUC específica que cita)”, además de la denominación y la materia de la causa, afirmando expresamente que dichos funcionarios participaban en esa investigación.
El requerimiento también contemplaba conocer las razones de los traslados, la región, unidad de destino y el cargo desempeñado por cada funcionario. Asimismo, pedía que se remitieran los antecedentes disciplinarios o penales y la copia íntegra de cualquier denuncia administrativa, sumario interno o denuncia penal que hubiere sustentado lo que califica como ‘remoción’ de los mismos».
Frente a estos antecedentes, la Contraloría determinó que “la actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”.
El dictamen también abordó la consulta sobre la salida de la entonces subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, quien dejó la institución tras 36 años de servicio. Sobre ese punto, el organismo señaló que el acto administrativo correspondiente fue tramitado el 10 de abril de este año y que se ajustó a derecho.
Respecto de la supuesta disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública, la Contraloría precisó que esta continúa formando parte de la estructura orgánica de la cartera y mantiene su dependencia directa del ministro.