La economía ilícita en Chile está en el centro de una propuesta presentada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que dio a conocer un paquete de 45 medidas para enfrentar el crimen organizado mediante cambios legales, mayor coordinación entre instituciones y un fortalecimiento de las herramientas de fiscalización.
El objetivo es atacar toda la cadena de los negocios ilegales, desde la producción y distribución hasta el financiamiento y el lavado de activos.
El gremio sostiene que una de las principales estrategias debe ser seguir la ruta del dinero para debilitar el incentivo económico de las organizaciones criminales. En esa línea, propone crear una Política Nacional contra las Economías Ilícitas, que permita coordinar objetivos, prioridades y acciones entre los distintos organismos del Estado.
Entre las iniciativas también figura la creación de una Unidad de Economías Ilícitas para analizar información, detectar patrones y emitir alertas tempranas. Además, plantea fortalecer la trazabilidad de los flujos financieros, reducir la circulación de dinero en efectivo e impulsar investigaciones patrimoniales. A ello se suman campañas educativas junto al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y canales seguros para denunciar actividades ilícitas.
Más controles y sanciones
Las propuestas consideran reforzar los controles en pasos fronterizos, terminales de carga y puertos mediante escáneres fijos, sellos digitales para contenedores y mayores exigencias para fiscalizar mercancías. Asimismo, la economía ilícita en Chile también se busca enfrentar con sistemas de trazabilidad para medicamentos, vehículos robados y una mayor interoperabilidad entre el Servicio Nacional de Aduanas y el Registro Civil.
El documento incorpora medidas para endurecer las sanciones por delitos asociados al crimen organizado, fortalecer la persecución del contrabando y la extorsión, además de avanzar en proyectos de ley sobre medicamentos falsificados, plataformas de apuestas en línea, desarmadurías y nuevas herramientas para prevenir fraudes financieros. También propone reforzar la protección de materias primas provenientes de las industrias minera, forestal y acuícola.