El debate sobre la responsabilidad penal adolescente sumó nuevos antecedentes luego de que un grupo de académicos advirtiera que aumentar las sanciones para menores de edad que cometen delitos no ha demostrado ser una medida efectiva para reducir la delincuencia. Por el contrario, señalaron que, en algunos casos, incluso podría favorecer la reincidencia.
La postura quedó plasmada en una declaración conjunta elaborada durante un encuentro convocado por la Defensoría de la Niñez, en medio de la discusión que desarrolla el Senado sobre un proyecto que busca modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
El documento reúne a especialistas en criminología, justicia juvenil, políticas públicas y derechos humanos de instituciones como la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad Diego Portales y la Universidad de Concepción.
Reinserción y cambios al sistema
Los expertos sostienen que la evidencia disponible no respalda políticas centradas únicamente en endurecer las penas, aumentar el efecto disuasivo o reducir la edad de responsabilidad penal. En cambio, afirman que las estrategias con mejores resultados son aquellas orientadas a la reinserción social mediante apoyo terapéutico, programas socioeducativos y cognitivo-conductuales, además de fortalecer el entorno familiar y asegurar la continuidad educativa.
Junto con exponer estas conclusiones, solicitaron al Senado conformar una mesa técnica que incorpore evidencia especializada antes de avanzar con la tramitación del proyecto.
También plantearon que la discusión debe abordar problemas estructurales del sistema, como la efectividad de las investigaciones, los archivos provisionales, las salidas judiciales y la ejecución de las sanciones.
En esa línea, insistieron en que una política de responsabilidad penal adolescente también debe contemplar financiamiento permanente para programas de prevención y reinserción.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, afirmó que la preocupación por la seguridad pública es legítima, pero recalcó que las decisiones sobre justicia juvenil deben basarse en evidencia y combinar responsabilización, prevención y reinserción para contribuir a disminuir la delincuencia.