La Cámara de Diputados envió a comisión mixta el proyecto de ley que busca agilizar el procedimiento de expulsión administrativa de migrantes en situación irregular, luego de rechazar una de las modificaciones introducidas por el Senado.
La principal discrepancia surgió en torno al período de prohibición de reingreso al país para las personas expulsadas. Mientras la Cámara había aprobado un plazo mínimo de cinco años, el Senado eliminó esa disposición y mantuvo la normativa vigente, que establece una prohibición de tres años.
El proyecto, impulsado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, busca fortalecer las facultades del subsecretario del Interior y ampliar las atribuciones de la Policía de Investigaciones (PDI) para ejecutar expulsiones administrativas.
¿Qué cambios contempla la iniciativa?
Entre las principales medidas, el proyecto permite que la PDI ingrese a domicilios con autorización judicial para concretar expulsiones, reduce de 10 a 5 días el plazo para que los extranjeros presenten reclamaciones ante los tribunales e incorpora nuevas herramientas para agilizar estos procedimientos.
La mayor parte de las modificaciones propuestas por el Senado fue aprobada por la Cámara con 125 votos a favor y 13 abstenciones. Sin embargo, la diferencia sobre el plazo de prohibición de reingreso impidió el despacho definitivo de la iniciativa.
Oficialismo y oposición divididos
Tras la votación, el diputado del Frente Amplio Jaime Bassa anunció una reserva de constitucionalidad, argumentando que algunas modificaciones aprobadas por el Senado vulneran el debido proceso y reducen las garantías para quienes enfrentan una expulsión administrativa.
En contraste, parlamentarios de oposición defendieron el proyecto, asegurando que permitirá fortalecer el control migratorio y agilizar la ejecución de expulsiones pendientes. Desde el oficialismo también hubo respaldo a la iniciativa, aunque algunos legisladores insistieron en que las nuevas facultades deben respetar las garantías constitucionales.
Ahora será una comisión mixta, integrada por diputados y senadores, la que deberá resolver las diferencias para definir el texto final del proyecto.