El proyecto que crea el Registro de Vándalos sumó nuevas observaciones tras el informe presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que advirtió posibles efectos sobre la libertad de expresión debido a la forma en que está redactada la iniciativa.
En un documento de 24 páginas enviado a la Cámara de Diputados, el organismo manifestó reparos al articulado que busca sancionar los rayados, dibujos, mensajes y otras expresiones realizadas sin autorización en bienes públicos o privados, además de los daños a monumentos nacionales.
El INDH sostuvo que la propuesta utiliza una definición demasiado amplia, ya que no distingue entre los daños al patrimonio y otras manifestaciones como la expresión artística, cultural o política.
A juicio de la institución, esa falta de diferenciación podría generar problemas desde la perspectiva de la libertad de expresión y del principio de legalidad.
El informe también plantea que la normativa debe establecer criterios precisos para identificar qué conductas constituyen actos vandálicos y cuáles corresponden a expresiones protegidas. De esa forma, agrega, las sanciones podrían aplicarse de manera proporcional según la gravedad de cada caso y el bien jurídico afectado.
Reparos expuestos en la Cámara
El director del INDH, Yerko Ljubetic, presentó estas observaciones durante una sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. En esa instancia afirmó que algunas sanciones contempladas por el proyecto podrían resultar desproporcionadas respecto de la infracción cometida.
Como ejemplo, mencionó que un rayado en una propiedad privada protege principalmente el derecho de propiedad, por lo que cuestionó que pueda asociarse a consecuencias como la pérdida de beneficios tributarios, al considerar que corresponden a ámbitos jurídicos distintos.
Respuesta del Gobierno
Las observaciones del INDH también provocaron reacciones desde el Ejecutivo. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, criticó el contenido del informe y acusó que el organismo «vuelve a romantizar el vandalismo» al advertir una eventual criminalización de la expresión artística.
A través de su cuenta de X, el secretario de Estado sostuvo que «el arte no da derecho a intervenir lo ajeno y pasarles la cuenta a todos. Quien vandalice, que responda». Además, afirmó que los derechos que deben protegerse son los de quienes ven afectados sus bienes públicos y privados. Con estas posturas sobre la mesa, el debate por el Registro de Vándalos continuará durante su tramitación en el Congreso.