El proyecto de paridad en el Congreso continúa su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados. Durante los últimos días, la Comisión de Gobierno Interior retomó el análisis de la iniciativa, que busca fortalecer la participación de las mujeres en la política mediante cambios a las reglas que regulan las candidaturas parlamentarias.
La propuesta, presentada en abril de este año por diputadas de distintas bancadas, apunta a modificar la actual Ley de Cuotas, normativa que se implementó tras el fin del sistema binominal para promover una representación más equilibrada entre hombres y mujeres en las elecciones al Congreso Nacional.
Actualmente, la legislación establece que ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres pueden superar el 60% del total de postulaciones que presenta un partido político. Sin embargo, las impulsoras del proyecto sostienen que esa fórmula ya no es suficiente para avanzar hacia una representación equitativa.
Proponen un sistema de paridad permanente
Entre los principales cambios, el proyecto de paridad en el Congreso reemplaza el actual mínimo de 40% de candidaturas femeninas por un sistema permanente de paridad 50/50. Además, incorpora el principio de alternancia de género, lo que significa que las listas deberán conformarse ubicando sucesivamente a mujeres y hombres.
El texto también plantea que cualquier modificación relacionada con incentivos, mecanismos de promoción o financiamiento considere criterios de proporcionalidad, transparencia, trazabilidad y no regresividad.
Las autoras de la iniciativa argumentan que, pese al aumento de mujeres en el Congreso durante los últimos años, todavía existe una subrepresentación en los espacios de decisión. A ello se suman brechas en el financiamiento electoral, ya que los hombres reciben, en promedio, casi el doble de aportes y hasta tres veces más acceso a créditos.
Finalmente, el proyecto dispone que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género elabore informes posteriores a cada elección parlamentaria, en coordinación con el Servicio Electoral (Servel), para evaluar los efectos de la futura normativa sobre la representación política.