Las cuentas de la luz no registrarán el alza de aproximadamente 4% que se proyectaba para los próximos meses. Este miércoles, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto «Ordenemos las Tarifas», iniciativa del Gobierno que redefine la forma en que se pagará la deuda acumulada con las empresas distribuidoras de energía.
La propuesta obtuvo un amplio respaldo parlamentario, con 117 votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones, cerrando una tramitación que se extendió por poco más de un mes desde su ingreso al Congreso.
¿Por qué se iba a producir un alza?
El origen del problema se remonta al retraso en la publicación del decreto que fija el Valor Agregado de Distribución (VAD) para el período 2020-2024, proceso que se postergó debido al estallido social y la pandemia.
Como consecuencia, los consumidores acumularon una deuda cercana a US$900 millones con las empresas distribuidoras. Sin una solución legislativa, ese monto debía comenzar a cobrarse de inmediato en las boletas de electricidad, lo que habría significado un incremento cercano al 4% en las tarifas a nivel nacional.
Con la nueva ley, ese pago se aplazará y comenzará recién en 2028, evitando un aumento inmediato en las cuentas.
Así funcionará el nuevo mecanismo
La fórmula aprobada aprovecha la reducción del Mecanismo de Protección al Cliente (MPC), cargo que actualmente pagan los usuarios para financiar la deuda generada por el congelamiento de las tarifas eléctricas entre 2019 y 2022.
Desde 2028, ese cobro disminuirá de $22 a $9 por kilowatt hora. La nueva ley establece que parte de esa rebaja se utilizará para pagar la deuda con las distribuidoras, agregando $5 por kilowatt hora, por lo que el cargo final será de $14 por kilowatt hora.
De esta forma, el pago se distribuirá entre 2028 y 2035, evitando un impacto inmediato en los hogares.
También permitirá renegociar contratos
La normativa también faculta a la Comisión Nacional de Energía (CNE) para negociar, por una sola vez y con autorización del Ministerio de Energía, nuevos contratos de suministro con las empresas generadoras, con el objetivo de contribuir a una disminución de las tarifas.
Además, incorpora una disposición que impide que las compensaciones por cortes o fallas del servicio puedan ser traspasadas posteriormente a las cuentas de los clientes.
Tras la aprobación, la ministra de Energía, Ximena Rincón, destacó que la iniciativa evita un cobro inmediato para los consumidores y suma mejoras incorporadas durante la discusión parlamentaria.
«No solamente hemos legislado el pagar la deuda -que había que pagarla y que si este proyecto hoy día no se aprobaba se empezaba a cobrar de manera inmediata a todos y todas en nuestro país- sino que lo hemos hecho recogiendo mejoras que eran necesarias».
La secretaria de Estado agregó que la ley también permitirá extender el subsidio eléctrico durante 2027 y aseguró que el Gobierno comenzará de inmediato su implementación.
