La Cámara de Diputados aprobó este martes una modificación al Código Penal que busca ampliar la protección legal de policías y militares que intervengan frente a un delito mientras se encuentran fuera de servicio.
La iniciativa recibió 114 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones, por lo que quedó en condiciones de continuar su segundo trámite constitucional en el Senado.
El proyecto busca incorporar expresamente a los funcionarios que se encuentren de franco dentro de las situaciones contempladas por la legítima defensa privilegiada, cuando actúen para protegerse a sí mismos o a terceras personas.
¿Qué cambia con el proyecto?
La propuesta apunta a evitar que un funcionario quede en una situación jurídica distinta por el solo hecho de encontrarse fuera de su jornada laboral.
Durante la discusión, el diputado Enrique Bassaletti explicó que la legislación vigente puede generar una interpretación que deje fuera de esta protección a policías que intervienen en delitos mientras están de franco.
El parlamentario sostuvo que existen múltiples situaciones en las que funcionarios policiales presencian delitos o agresiones mientras se encuentran fuera de servicio y deciden intervenir.
La iniciativa fue presentada originalmente por diputados de Renovación Nacional durante 2023 y es conocida como una nueva versión de la denominada Ley Nain Retamal.
Gobierno respalda iniciativa
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la modificación durante su intervención ante la Cámara y sostuvo que el vínculo de un funcionario con su labor policial no desaparece al finalizar su turno.
“Un carabinero no deja de ser carabinero cuando termina su turno”, afirmó el secretario de Estado.
Arrau agregó que durante los primeros siete meses de 2026 se contabilizaron 23 procedimientos en los que carabineros de franco o de civil utilizaron sus armas de fuego frente a agresiones ilegítimas o delitos flagrantes.
Según detalló, en 12 de esas situaciones los funcionarios actuaron para defender a otras personas.
El ministro afirmó que la modificación forma parte de una agenda orientada a fortalecer las herramientas de quienes intervienen frente a hechos delictuales.
Críticas apuntan a posibles abusos
La propuesta también generó cuestionamientos desde sectores de oposición, principalmente por los alcances que podría tener la ampliación de esta figura legal.
La diputada Ana María Gazmuri sostuvo que entregar una protección adicional requiere establecer límites y mecanismos de control que permitan evitar eventuales abusos.
“Esto no es fortalecer la seguridad, es sembrar impunidad”, afirmó durante el debate.
Pese a las diferencias, la votación mostró una oposición dividida. Parlamentarios como Jaime Araya, Raúl Leiva y Carlos Cuadrado respaldaron el proyecto, mientras otros representantes votaron en contra.
Ahora, la iniciativa deberá ser analizada por el Senado, donde continuará su tramitación legislativa.
