La reforma constitucional en materia de seguridad comenzó este martes su tramitación en el Senado, luego de que la Sala definiera las comisiones que estarán a cargo de revisar sus distintas disposiciones.
El proyecto impulsado por el Gobierno contempla ocho cambios a la Constitución, entre ellos un nuevo estado de excepción y modificaciones a los derechos de personas condenadas.
La comisión de Constitución será la instancia matriz y deberá votar la propuesta en general antes de que vuelva a la Sala. Luego, el análisis en particular quedará repartido entre Constitución, Seguridad y Defensa.
Esta última comisión revisará específicamente la norma que establece el rol de las Fuerzas Armadas durante el nuevo estado de excepción.
La incorporación de Defensa fue solicitada por el senador Francisco Huenchumilla (DC), quien argumentó que la propuesta amplía las funciones que actualmente pueden ejercer los militares.
La decisión generó diferencias en la Sala. Algunos parlamentarios plantearon que la iniciativa debía mantenerse únicamente en Constitución, mientras que Yasna Provoste (DC) propuso que Seguridad y Defensa abordaran el proyecto de manera conjunta. La alternativa finalmente no prosperó.
Gobierno deberá buscar acuerdos
Más allá del recorrido legislativo, el proyecto enfrenta un escenario complejo debido a los reparos expresados dentro del propio oficialismo.
Desde Renovación Nacional, su presidenta, Andrea Balladares, advirtió que todavía existen aspectos que generan dudas, particularmente las restricciones relacionadas con garantías constitucionales como salud y educación.
El senador Andrés Longton (RN) también cuestionó que el Ejecutivo no haya realizado un trabajo prelegislativo suficiente con los partidos de la coalición.
En tanto, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), sostuvo que respaldar la agenda de seguridad no implica aprobar automáticamente cada una de sus medidas.
La senadora María José Gatica (RN), por su parte, manifestó su respaldo al objetivo de fortalecer las herramientas contra la delincuencia, aunque señaló que el Congreso debe tener espacio para perfeccionar el proyecto.
Desde la UDI, su presidente Guillermo Ramírez reconoció que será necesario abrir un diálogo para conseguir los votos que permitan aprobar la reforma.
El punto que concentra las dudas
Uno de los aspectos que genera mayor discusión es el nuevo estado de excepción, que podría mantenerse durante 120 días y extenderse por otros 120.
La propuesta también contempla facultades para interceptar comunicaciones sin autorización judicial, una medida que parlamentarios de distintos sectores han cuestionado.
El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) advirtió que la iniciativa entrega facultades excesivas al Presidente y pidió modificar esta parte del proyecto.
El exministro Gonzalo Blumel también expresó reparos y llamó a establecer controles frente a atribuciones que puedan afectar derechos fundamentales.
En la misma línea, Matías Walker reiteró sus críticas y sostuvo que una extensión de hasta 240 días sin control parlamentario representa un riesgo para las libertades.
El Gobierno necesita 89 votos en la Cámara y 29 en el Senado para alcanzar los cuatro séptimos requeridos. Por eso, el Ejecutivo deberá negociar modificaciones al proyecto si busca reunir los respaldos necesarios para su aprobación.
Así, la discusión que comienza en el Senado no solo estará marcada por el contenido de la reforma, sino también por la capacidad del Gobierno para ordenar a sus propias bancadas y construir acuerdos con la oposición.
