Con 96 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica las sanciones aplicables a quienes atenten u ofendan a autoridades policiales.
La propuesta continuará ahora su discusión en el Senado, en segundo trámite constitucional.
Uno de los principales cambios apunta a las situaciones en que una persona insulte u ofenda gravemente a un funcionario policial mientras este cumple sus funciones.
La iniciativa considera una pena de hasta 60 días de prisión, además de una multa de entre una y cuatro UTM, cuando el responsable menoscabe la dignidad de la función policial.
La medida alcanza a funcionarios de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). También contempla a funcionarios de Gendarmería cuando los hechos ocurran fuera de los recintos penitenciarios.
Mayores penas por ataques contra funcionarios
El proyecto también modifica las sanciones para quienes cometan atentados contra la autoridad.
La propuesta incorpora una circunstancia agravante cuando los responsables actúen en grupo o se valgan de este para cometer el delito.
Además, cuando la víctima sea un funcionario de Carabineros, PDI o Gendarmería, la iniciativa establece que se aplicará la pena privativa de libertad contemplada para el delito.
El proyecto también permite la detención excepcional en casos de flagrancia, de acuerdo con las condiciones establecidas en la iniciativa.
Actualmente, el Código Penal contempla para los atentados contra la autoridad una pena de presidio menor en su grado medio, equivalente a 541 días hasta tres años, además de una multa de 11 a 15 UTM.
Cuestionamientos por libertad de expresión
La iniciativa no estuvo exenta de críticas durante su debate en la Cámara.
El diputado Luis Cuello (PC) anunció una reserva de constitucionalidad respecto de la norma que sanciona las ofensas graves contra autoridades policiales.
El parlamentario argumentó que esta disposición podría vulnerar el principio de libertad de expresión y cuestionó el quórum con que se aprobó.
Cuello también sostuvo que la norma podría entrar en conflicto con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente con sus criterios sobre la eliminación de normas de desacato.
La moción fue presentada originalmente por la diputada Ximena Ossandón (RN) y contó con el respaldo de otros parlamentarios.
En la votación, los respaldos provinieron principalmente del oficialismo, el Partido Liberal y la Democracia Cristiana, además del diputado José Montalva (PPD).
Por su parte, los votos en contra correspondieron mayoritariamente a representantes del Frente Amplio y el Partido Comunista.
El proyecto deberá enfrentar ahora una nueva etapa de discusión en el Senado antes de definir su futuro legislativo.
