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Colina I: justicia flexibiliza visitas para 93 condenados por crímenes de lesa humanidad

Foto: referencial Chicureo Hoy

El fallo elimina una de las restricciones aplicadas por Gendarmería, aunque mantiene los controles de ingreso.

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó flexibilizar las visitas en Colina I para 93 condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. La resolución permite que puedan mantener inscritas a más de diez personas dentro de sus redes de apoyo.

Los recurrentes permanecen en el «Pabellón Asistir», destinado a adultos mayores. Entre quienes cumplen condena en el recinto figuran responsables de graves violaciones a los derechos humanos vinculados al Caso Quemados, los asesinatos de Víctor Jara y Littré Quiroga, la Operación Calle Conferencia y la Masacre de Laja-San Rosendo.

Entre ellos se encuentran Pedro Enrique Fernández Dittus, quien comandaba la patrulla militar involucrada en el Caso Quemados; Juan Renán Jara Quintana, condenado como coautor de los secuestros y homicidios de Víctor Jara y Littré Quiroga; y Pedro del Carmen Parra Utreras, condenado por la Masacre de Laja-San Rosendo.

¿Qué cambia con el fallo?

La decisión no significa que los internos puedan recibir una cantidad ilimitada de personas. El máximo continúa siendo de cinco visitantes por jornada y también se mantienen los controles de identidad y seguridad para ingresar al penal.

Lo que cambia es el número de personas que cada interno puede tener previamente inscritas. Gendarmería había establecido un máximo de diez, medida que comenzó a aplicar en octubre de 2025.

La Corte consideró que aplicar ese límite a estos adultos mayores resultaba arbitrario al no contemplar su vulnerabilidad física y psicológica.

El fallo sobre las visitas en Colina I, dictado el 16 de septiembre, alcanza a 93 internos y se suma a una resolución de febrero que favoreció a otros 107. Con ambos pronunciamientos, los 200 adultos mayores del Pabellón Asistir quedan exceptuados de ese límite.

Gendarmería defendió la restricción argumentando razones de orden y seguridad, además de advertir sobre un eventual trato privilegiado. La institución se encuentra analizando la última resolución, que puede ser recurrida ante la Corte Suprema.

CHH