Nuevas atribuciones policiales y plazos más breves para impugnar expulsiones son parte de los cambios que contempla el proyecto que busca agilizar la salida de extranjeros en situación migratoria irregular.
Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la comisión mixta por 128 votos a favor y 11 en contra. Con ello, la iniciativa quedó a la espera de la votación del Senado, prevista para este martes.
El proyecto ingresó durante el gobierno de Gabriel Boric y recibió indicaciones de la administración de José Antonio Kast. Su objetivo es facilitar el cumplimiento de las órdenes de expulsión que ya se encuentran firmes.
Principales cambios del proyecto
Entre las modificaciones destaca la facultad de la Policía de Investigaciones (PDI) para solicitar a un juez de garantía autorización para ingresar al domicilio donde se encuentre una persona con una orden de expulsión vigente. El magistrado deberá resolver en un plazo de 24 horas.
Además, el Servicio Nacional de Migraciones podrá requerir datos como el nombre, domicilio y correo electrónico de extranjeros en situación irregular. Esta atribución no podrá utilizarse respecto de menores de edad ni para obtener información desde establecimientos de salud o recintos educacionales.
Por otra parte, el plazo para reclamar una expulsión bajará de diez a cinco días. Asimismo, presentar un recurso judicial dejará de suspender automáticamente la ejecución de la medida.
El texto también incorpora las graves afectaciones al orden público entre las causales de expulsión, establece el registro biométrico obligatorio para infractores mayores de edad y eleva de tres a cinco años el período mínimo de prohibición de reingreso al país.
Diputados valoran avances y plantean reparos
Durante el debate, el diputado Javier Olivares (PDG) cuestionó las demoras para concretar estas medidas y afirmó que existen más de 30.000 órdenes pendientes de ejecución.
“Chile hoy tiene más de 30.000 órdenes de expulsión pendientes de ejecución (…) La burocracia que tarda años en cumplir una orden de expulsión no puede seguir creciendo”, señaló.
En tanto, el diputado Ricardo Neumann (UDI) defendió la necesidad de hacer efectivas las resoluciones. “Una orden de expulsión que no se cumple, que no se ejecuta es una invitación a entrar a Chile por la ventana”, sostuvo.
Desde el Partido Socialista, Raúl Leiva respaldó las nuevas atribuciones policiales, aunque destacó la importancia de mantener el control judicial para resguardar los derechos fundamentales.
Por su parte, la diputada Andrea Parra (PPD) valoró los cambios incorporados durante la tramitación, pero advirtió sobre los riesgos asociados a otras propuestas migratorias, como la creación de centros de detención.
Si el Senado aprueba el informe de la comisión mixta, el proyecto podrá completar su tramitación legislativa y avanzar hacia su eventual promulgación.
