El Ministerio de Justicia confirmó que el Gobierno ha otorgado 56 rebajas de condenas por delitos sexuales contra menores de edad desde el inicio del actual mandato presidencial. Las resoluciones abarcan el período entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026 y han generado cuestionamientos sobre los criterios utilizados.
Según antecedentes publicados inicialmente por Interferencia, 27 casos corresponden a abuso sexual y 29 a violación. Durante ese período, el Ministerio rechazó solamente una solicitud. Además, la cartera autorizó las reducciones directamente, sin órdenes judiciales individuales para cada caso.
La Ley N°19.856 regula este beneficio y permite disminuir el tiempo de cumplimiento de una pena cuando los internos cumplen determinados requisitos. Entre ellos figura una evaluación favorable de conducta. Sin embargo, una reforma de 2022 excluyó de este mecanismo a condenados por determinados delitos sexuales contra menores de edad.
La controversia surge porque el Gobierno sostiene que esa restricción no puede aplicarse a delitos cometidos antes de la modificación legal.
Gobierno defiende procedimiento ante cuestionamientos
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió las decisiones y aseguró que “lo que ha ocurrido acá es la aplicación de la ley”. Asimismo, explicó que el Ministerio siguió criterios que la Corte Suprema estableció anteriormente.
En esa línea, afirmó que “no puede aplicarse retroactivamente la ley en perjuicio del imputado o condenado”, insistiendo en el respaldo constitucional del procedimiento.
Por su parte, la Defensoría de la Niñez solicitó antecedentes técnicos y jurídicos sobre las rebajas de condenas por delitos sexuales. Su titular, Anuar Quesille, recordó que las víctimas tienen derecho a justicia, protección y reparación.
En el Congreso también surgieron críticas. Parlamentarios exigieron explicaciones al Ejecutivo, mientras sectores del oficialismo plantearon la necesidad de revisar los efectos de este procedimiento.
La discusión continúa centrada en la interpretación de la legislación vigente y los resguardos para las víctimas de estos delitos.
