Este martes, el Senado dio luz verde a la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, dejando el proyecto en condiciones de convertirse en ley.
Amplio respaldo en el Senado
La propuesta —impulsada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric y tramitada con discusión inmediata por la actual administración— fue aprobada en general con 40 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
Con este resultado, la iniciativa quedó despachada en los mismos términos que la Cámara de Diputados, por lo que ahora solo resta su promulgación.
Gobierno destaca rol de Gendarmería
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, valoró el avance de la reforma y subrayó su impacto en el sistema de seguridad.
“El Senado de la República ha despachado una reforma constitucional muy relevante para el sistema de seguridad del país”, afirmó.
Asimismo, destacó el nuevo rol institucional que tendrá la institución: “Ello nos permitirá tener un rol institucional de Gendarmería acorde a las necesidades de seguridad que tiene”.
Disolución de asociaciones genera debate
Durante la votación en particular, se presentaron indicaciones para evitar la disolución de las asociaciones de funcionarios, las que finalmente fueron rechazadas.
De esta forma, se aprobó una norma que establece que dichas organizaciones quedarán disueltas una vez publicada la reforma, generando diferencias entre los legisladores.
Mientras algunos parlamentarios advirtieron sobre la pérdida de derechos adquiridos, otros defendieron la medida señalando que Gendarmería debe regirse por estándares similares a otras instituciones uniformadas, como Carabineros y las Fuerzas Armadas.
Un paso clave, pero con desafíos pendientes
En el debate también hubo consenso en torno al rol estratégico que cumple Gendarmería en materias de seguridad e inteligencia, calificando la reforma como un avance coherente a nivel institucional.
No obstante, se planteó la necesidad de avanzar en cambios más profundos. En esa línea, la iniciativa establece que el Ejecutivo deberá ingresar, en un plazo de 12 meses, un proyecto de ley para crear un servicio especializado en reinserción social.