Argentina concretó uno de los cambios más profundos en su sistema penal juvenil en más de cuatro décadas. El Senado convirtió en ley la reforma que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves como homicidio, abuso sexual y secuestro, cerrando así el trámite legislativo que ya contaba con media sanción de Diputados.
La iniciativa fue aprobada tras casi siete horas de debate, consolidando una de las principales promesas de campaña del oficialismo.
Siete horas de debate y mayoría oficialista
La sesión estuvo marcada por intervenciones cruzadas entre oficialismo y oposición. El bloque de La Libertad Avanza, junto a PRO, la UCR y sectores provinciales, logró reunir el quórum y los votos necesarios para sancionar la norma.
El resultado final fue de 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
Desde el oficialismo calificaron la jornada como “histórica”, al sostener que se reemplaza el Régimen Penal de la Minoridad vigente desde 1980 por un sistema especializado para adolescentes.
En la vereda opuesta, legisladores del peronismo y la izquierda cuestionaron la constitucionalidad de la reforma y advirtieron sobre la falta de financiamiento suficiente para su implementación efectiva.
¿Qué establece la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil?
La norma crea un sistema penal específico para jóvenes de entre 14 y 18 años, incorporando principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad.
Entre sus puntos centrales:
- La edad de imputabilidad baja a 14 años para delitos graves.
- Se fija una pena máxima de 15 años de prisión en los casos más severos.
- Se contemplan medidas alternativas para delitos menores, como servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y prohibición de acercamiento a la víctima.
La ley también establece que los adolescentes no podrán ser alojados junto a adultos en cárceles comunes y dispone la creación de tribunales especializados. Además, incorpora garantías como la reserva del proceso y el derecho del menor a ser escuchado con asistencia familiar.
El texto prioriza la educación, la capacitación laboral y el acompañamiento durante el cumplimiento de medidas, diferenciando por edad y situación procesal.
El respaldo político y la consigna presidencial
Tras la votación, el presidente Javier Milei celebró la aprobación en redes sociales con su consigna: “El que las hace, las paga”.
La reforma había sido presentada en junio de 2024 y obtuvo media sanción en Diputados el 3 de febrero. Su aprobación definitiva se interpreta como un triunfo legislativo relevante para el Ejecutivo, especialmente tras el fortalecimiento del bloque libertario y sus aliados en las elecciones de medio término de octubre de 2025.
El mandatario recordó que durante más de 40 años distintos proyectos para modificar el régimen penal juvenil no prosperaron en el Congreso.
Próximos pasos y desafíos de implementación
La ley deberá ser promulgada y publicada en el Boletín Oficial para su entrada en vigencia. Luego vendrá la etapa de reglamentación e implementación, que implicará coordinación con las provincias y adecuación de infraestructura y equipos técnicos.
El desafío ahora será aplicar el nuevo régimen con recursos suficientes y garantizar que el sistema especializado funcione de manera efectiva.
