La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a segundo trámite en el Senado el proyecto que obligará a realizar controles periódicos de drogas y alcohol a conductores del transporte de pasajeros, tanto público como privado. La iniciativa busca reforzar la seguridad en el transporte público en Chile y prevenir nuevos accidentes vinculados al consumo de sustancias.
El texto establece que las empresas deberán aplicar pruebas cada cuatro meses a todo su personal de conducción. Los test deberán efectuarse al inicio o antes del término de la jornada laboral y serán financiados por los propios empleadores.
Controles obligatorios y regulación
La norma señala que se practicarán pruebas respiratorias u otros exámenes destinados a detectar la presencia de alcohol, estupefacientes o sustancias sicotrópicas ilícitas. Además, se mantiene la facultad de Carabineros para realizar controles en el marco de sus labores de fiscalización.
El proyecto también dispone que el Ministerio de Transportes, en conjunto con el Ministerio del Trabajo, establecerá por reglamento el procedimiento, la periodicidad y los criterios objetivos para la aplicación de los exámenes. Asimismo, se garantiza la protección de datos personales y el deber de confidencialidad del personal encargado de la toma de muestras.
La iniciativa surge tras una serie de accidentes fatales, entre ellos el caso de Mauro Alberto Gómez, joven de 14 años que falleció tras ser atropellado por un conductor que dio positivo a cocaína. En Sala, parlamentarios expresaron su apoyo a la familia y recalcaron la necesidad de fortalecer la fiscalización.
Sanciones y registro obligatorio
El proyecto, conocido como “Ley Alberto”, fue impulsado por la diputada Carolina Marzán. Durante la discusión, la parlamentaria señaló: «Este es un proyecto humano, de sentido común, que en realidad ni siquiera deberíamos estar legislando en nuestro país. La responsabilidad y la conducción de una persona al volante que lleva familias, que lleva vidas en sus manos, es fundamental».
En materia de sanciones, las empresas deberán mantener un registro escrito y reservado sobre la realización de los test y remitir la información al Ministerio de Transportes dentro de los siete días posteriores a su aplicación. El incumplimiento, denunciado por la Subsecretaría de Transportes ante el juzgado de policía local competente, implicará multas que van de 2 a 10 UTM por cada infracción verificada. CHH
