En medio del debate por el proyecto “Escuelas Protegidas”, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados escuchó esta semana a autoridades y representantes del mundo escolar, quienes coincidieron en la urgencia de reforzar herramientas frente a episodios de violencia en colegios.
Bellolio apunta a posible financiamiento en hechos de violencia
Durante la sesión, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, entregó nuevos antecedentes sobre los hechos de violencia registrados en el Liceo José Victorino Lastarria.
Según relató, dos menores —de 13 y 15 años— fueron retenidos por estudiantes y funcionarios cuando intentaban provocar incidentes al interior del establecimiento. En ese contexto, aseguró que uno de ellos declaró que habría recibido dinero para participar en la acción.
“Uno de ellos manifestó que le habían pagado por hacer esto”, sostuvo, enfatizando la necesidad de investigar esta posible arista.
El jefe comunal también destacó la reacción de la comunidad escolar, señalando que fueron los propios alumnos quienes, junto a un auxiliar, lograron contener la situación, pese al riesgo involucrado.
Críticas al sistema y uso reiterado de Aula Segura
En su intervención, Bellolio abordó además la reiteración de hechos violentos en liceos emblemáticos, cuestionando lo que describió como una dinámica de “silla musical”.
Explicó que estudiantes expulsados por hechos graves terminan reingresando a otros establecimientos, repitiendo conductas similares. “Un grupo reducido termina afectando a toda una comunidad educativa, lo que resulta inaceptable”, advirtió.
Asimismo, detalló que en Providencia se han aplicado 82 medidas bajo Aula Segura, de las cuales más de la mitad corresponden al Lastarria, incluyendo expulsiones.
Directora del Biobío expone realidad de alta vulnerabilidad
En la misma instancia participó Carla Chandía, directora del establecimiento Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, que en 2025 fue escenario de una balacera que dejó a tres estudiantes heridos.
La docente planteó que el proyecto resulta clave para contextos de alta vulnerabilidad, donde —según explicó— los colegios carecen de herramientas suficientes para enfrentar situaciones críticas.
“Necesitamos mayor autonomía para actuar dentro de los establecimientos”, señaló, apuntando a la imposibilidad actual de revisar mochilas incluso ante sospechas fundadas, debido a restricciones legales.
En esa línea, indicó que se requiere facultar a los equipos educativos para retener a estudiantes y coordinar acciones con las policías cuando existan riesgos.
Debate por sanciones y responsabilidad
Chandía también respaldó la discusión sobre sanciones más estrictas, incluyendo la pérdida de beneficios como la gratuidad, argumentando que hoy existe una percepción de impunidad frente a hechos graves.
“Aquí se ha dado mucho que los actos no tienen consecuencia”, afirmó, aludiendo tanto a estudiantes como a apoderados involucrados en situaciones de violencia.