La misiva, fechada el 10 de junio de 2025, comienza recordando que la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso Nacional excluyen al presidente de la República de la obligación de comparecer ante comisiones investigadoras. Sin embargo, Boric manifestó su voluntad de colaborar y aportar antecedentes por medio del escrito, destacando que “la colaboración del Gobierno ha sido total y espero que este escrito también les sea de ayuda”.
En la carta, el mandatario subraya que las residencias de expresidentes como Aylwin y Allende deben convertirse en patrimonio público, aunque reconoció que en este caso, el intento prematuro y limitado de adquisición no consideró adecuadamente sus implicancias legales.
“No tuve conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales para la materialización de la compraventa”, sostuvo Boric.
Críticas desde la oposición
El presidente de la CEI, el diputado Andrés Longton (RN), criticó duramente la respuesta del mandatario, calificándola de “absolutamente alejada de la realidad”. Además, planteó la existencia de un posible “pacto de silencio” al interior del Ejecutivo para proteger a quienes participaron en la operación.
Longton también apuntó directamente a la jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya, señalando que, como mano derecha del presidente y encargada de revisar los decretos, tenía el deber de advertir sobre los riesgos legales.
“Si no lo hizo, debía abandonar su cargo. Si no lo abandonó, probablemente el presidente estaba al tanto. Porque si no sabía, es inexplicable que todos los abogados involucrados sigan en sus puestos”, agregó.
Finalmente, el parlamentario enfatizó que la participación de 17 abogados en la operación no exime responsabilidades:
“Claramente no estamos frente a un error, sino ante una operación avalada desde el más alto nivel”.
