Una nueva edición de la encuesta Cadem sobre violencia escolar reveló que el 70% apoya el plan Escuelas Protegidas y un 75% respalda que estudiantes involucrados en hechos violentos pierdan el acceso a la gratuidad.
Asimismo, un 88% se muestra a favor de aplicar sanciones o expulsiones a quienes participen de estos actos y un 74% de la implementación de cámaras de vigilancia en establecimientos.
Otras medidas con amplio apoyo son la instalación de detectores de metales (79%), revisión de mochilas (77%) y sistemas de reconocimiento facial en accesos (74%). En tanto, el 91% cree que la seguridad de los alumnos debe primar por sobre la privacidad.
A pesar de lo anterior, solo un 38% cree que el plan será muy efectivo, mientras un 32% considera que será algo efectivo y un 24% estima que tendrá poco o nulo impacto.
Respecto a responsabilidades, el 41% apunta a todos los actores, aunque un 31% responsabiliza principalmente a familias y apoderados. Además, un 42% cree que algunos docentes inciden en desórdenes y un 56% que apoderados apoyan o justifican conductas violentas.
En temas de educación, el 73% califica su calidad como mala o muy mala, excepto en los colegios privados, en los que el 81% considera como buenos. En este sentido, el 41% cree que la prioridad del gobierno debe ser reducir brechas entre estos establecimientos y los pertenecientes al sistema público o subvencionado.
Finalmente, sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE), un 80% apoya cobros judiciales a personas con ingresos superiores a cinco millones de pesos, mientras un 75% piensa que debería establecerse la posibilidad de convenios para quienes tengan rentas menores.