Una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem reveló que el mandato del presidente Gabriel Boric finalizó con una nota de 3,7.
Durante la primera semana de marzo, el 37% aprobó su gestión, lo que representa una baja de un punto. En contraste, 58% manifestó desaprobar su desempeño.
Además, solo un 29% lo calificó positivamente, posicionándolo como el mandatario peor evaluado desde 1990, situándolo después de los gobiernos de Sebastián Piñera (68% en su primer mandato y 53% en el segundo), y la segunda administración de Michelle Bachelet (52%).
Al evaluar al gobierno, un 46% de los encuestados le asignó calificaciones entre 1 y 3; 13% nota 4; 18% nota 5; y 22% lo calificó con notas 6 o 7. Entre las áreas mejor valoradas destacaron transporte (53%), medioambiente (50%) y desarrollo energético (44%).
Por el contrario, los aspectos peor evaluados fueron inmigración (24%), lucha contra la delincuencia y narcotráfico (25%) y lucha contra la corrupción (26%).
Nuevo gobierno
Respecto al próximo gobierno de José Antonio Kast, el 52% cree que a Chile le irá bien, mientras el 25% piensa que al país le irá mal y un 21% estima que su desempeño será regular.
En relación con las giras internacionales del mandatario electo, 81% afirmó haberse enterado del reciente viaje a Estados Unidos. De ellos, 59% evaluó positivamente esa visita, cifra inferior a la registrada tras su recorrido por Europa, que obtuvo un 66%, y también por debajo de la gira realizada por Centroamérica y el Caribe, que alcanzó 67%.
Consultados sobre cuál fue la reunión internacional más relevante del líder republicano, la cita con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aparece en primer lugar con 33%.
Proyecto para conmutar penas
Si bien el 83% supo o escuchó que el Senado aprobó un proyecto de ley que permitiría conmutar penas para personas mayores con enfermedades terminales —permitiéndoles cumplir su pena en reclusión domiciliaria—, solamente el 37% se mostró de acuerdo.
En cambio, el 56% dijo estar en desacuerdo cuando se trata de personas mayores con enfermedades graves o terminales; un 77% si beneficia a condenados por violaciones a los derechos humanos que cumplan con criterios de edad y/o enfermedades; y un 92% si se trata de personas condenadas por violación o asesinatos.