La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que endurece las restricciones para obtener, renovar y mantener vigentes las licencias de conducir de quienes estén inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Con 80 votos a favor y 36 abstenciones, la iniciativa quedó lista para su segundo trámite en el Senado.
La moción establece como nuevo requisito para obtener o renovar la licencia no estar inscrito en el registro de deudores, obligando a los departamentos de tránsito a verificar la situación de cada solicitante antes de emitir el documento.
La norma también considera consecuencias posteriores: si una persona obtiene la licencia y luego es incorporada al registro, su permiso será cancelado. Para ello, los Departamentos de Tránsito y Transporte Público Municipal deberán realizar revisiones mensuales y notificar la cancelación vía correo electrónico o carta certificada.
Quienes pierdan la licencia por esta causa podrán solicitarla nuevamente apenas regularicen su situación, sin esperar los dos años que establece la ley para otros casos de cancelación. Asimismo, ningún deudor podrá renovar su licencia mientras siga figurando en el registro.
Durante el debate, los parlamentarios señalaron que la medida busca fomentar el pago efectivo de pensiones alimenticias, un problema que afecta directamente a miles de niños, niñas y adolescentes.
La Contraloría General de la República (CGR) expuso que en 2022 y 2024, 3.400 personas inscritas en el registro obtuvieron o renovaron licencias, pese a adeudar más de $17 mil millones. A lo anterior se suma que el 70 % de los municipios no cumplió con la normativa vigente, que ya prohibía entregar licencias a deudores.
No obstante, la aprobación del proyecto generó controversia, puesto que aumentaría la sobrecarga administrativa y la falta de fiscalización municipal.
