La Cámara de Diputadas y Diputados despachó este lunes 26 de enero a ley el proyecto que fortalece y reconoce jurídicamente a las ferias libres. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, busca proteger, ordenar y fomentar esta actividad histórica, clave en el acceso a alimentos frescos y a precios justos para la población.
El proyecto, ingresado a trámite en septiembre de 2024, establece una regulación integral de las ferias libres, entendiéndolas como unidades productivas asociativas que cumplen un rol estratégico en la seguridad alimentaria y nutricional del país, además de contribuir al desarrollo económico local.
Reconocimiento jurídico y regulación de las ferias libres
En lo sustancial, la nueva ley define a las ferias libres como conjuntos de comerciantes minoristas y trabajadores independientes que venden mayoritariamente alimentos de origen vegetal o animal. Junto con ello, entrega un marco jurídico a su organización y funcionamiento, otorgando mayor certeza tanto a feriantes como a los municipios.
La normativa también estandariza las ordenanzas municipales, estableciendo criterios mínimos para la asignación, vigencia y porcentaje de permisos, así como los rubros autorizados. Además, fija estándares básicos en materia de uso del espacio público, gestión medioambiental y disposición de residuos.
Seguridad y coordinación interinstitucional
Uno de los ejes relevantes del proyecto es el fortalecimiento de la seguridad en los entornos donde operan las ferias. Para ello, la ley establece que el Estado deberá ejecutar estrategias de coordinación entre el Ministerio de Seguridad Pública, los gobiernos regionales, los municipios y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
El objetivo es prevenir y reducir los delitos en los espacios donde se emplazan las ferias libres y sus alrededores, resguardando tanto a feriantes como a vecinos y clientes.
Representación y participación comunal
La iniciativa regula la representación interna de las ferias libres, las que deberán contar con una asamblea general, un comité de representación y una comisión electoral.
Asimismo, en cada comuna donde existan ferias se deberá constituir un Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres, instancia destinada a generar diálogo permanente entre el municipio y las y los representantes del sector.
A ello se suma la creación de un Registro Nacional de Ferias Libres, que estará a cargo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y que se actualizará con la información proporcionada por los municipios.
Permisos, emplazamiento y gestión ambiental
En materia de permisos, la ley señala que los municipios deberán procurar el emplazamiento de las ferias en lugares apropiados, minimizando impactos negativos en los barrios y garantizando accesibilidad y seguridad.
Además, toda nueva feria deberá ubicarse a una distancia mínima de 1.200 metros de otras ferias en funcionamiento, salvo excepciones debidamente acordadas con el Consejo Participativo Comunal.
La normativa también obliga a coordinar acciones para prevenir el desperdicio de alimentos, reducir residuos y fomentar el reciclaje, la reutilización y la valorización de subproductos.
Debate parlamentario y posiciones encontradas
Durante el debate en Sala, parlamentarios de distintos sectores destacaron que el proyecto responde a una demanda histórica de las y los feriantes, entregándoles mayor protección, reglas claras y capacidad de organización.
En contraste, algunas intervenciones advirtieron que la normativa podría generar mayores cargas administrativas o eventuales discriminaciones entre feriantes, puntos que fueron planteados durante la discusión legislativa.
