La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó este martes 2 de septiembre a segundo trámite el proyecto que modifica la Ley N.º 18.700 de Votaciones Populares y Escrutinios. La propuesta, que nació como moción de la diputada Joanna Pérez junto a otros legisladores, buscaba establecer multas para quienes no cumplan con el voto obligatorio.
Proyecto sin sanciones
En su versión inicial, la norma contemplaba sanciones de entre 0,5 y 3 UTM (aproximadamente entre 34 mil y 206 mil pesos), pero en la votación del articulado no se alcanzaron los 77 votos mínimos exigidos. La indicación obtuvo 75 votos a favor, 47 en contra y 14 abstenciones, lo que dejó sin efecto también las disposiciones sobre excusas y procedimientos asociados.
Con este resultado, la propuesta fue enviada al Senado sin considerar multas ni los sujetos a quienes se aplicarían.
Posturas divididas
Durante la discusión, parlamentarios favorables al proyecto destacaron que “un electorado participativo fortalece la democracia y otorga legitimidad a las autoridades”. En contraste, los detractores criticaron los montos planteados y la falta de educación cívica, además de advertir que más de 800 mil extranjeros podrían incidir en la elección presidencial.
Joanna Pérez responsabiliza al Gobierno
Tras la votación, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) cuestionó el rol del Ejecutivo. En conversación con medios sostuvo que “el Gobierno y sus ministros deben dar una explicación” por no respaldar la indicación que establecía multas.
La parlamentaria acusó que “diputados del Partido Socialista boicotearon nuestro proyecto”, lo que, a su juicio, refleja una “falta de seriedad para enfrentar la discusión”.
Pérez agregó que espera que en el Senado se puedan lograr acuerdos y apuntó a la ministra de Segpres por no conciliar respaldos: “No sé si sólo del Gobierno o de su sector, que está empeñado en llevar una candidata del Partido Comunista”, acusó.
