La Fiscalía formalizó a dos directivos de Fundación ProCultura en el marco de la arista Anglo American del caso, que incluye un convenio para implementar un programa de bienestar y salud mental perinatal en Tiltil.
La audiencia se realizó ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde el Ministerio Público imputó a la gerente y representante legal de la fundación, María Constanza Gómez Cruz, y a su director ejecutivo, Alberto Larraín Salas, como presuntos autores del delito reiterado y consumado de apropiación indebida.
Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, entre 2021 y 2023, Anglo American suscribió cinco convenios con ProCultura para financiar iniciativas culturales en Rinconada, Catemu, Llay Llay y Nogales, además del programa de salud mental perinatal contemplado para Tiltil.
Los acuerdos establecían que los recursos debían destinarse exclusivamente a los proyectos comprometidos. También exigían informes de gestión, rendiciones de cuentas y la entrega de productos asociados a su ejecución.
Sin embargo, según la investigación, la fundación no acreditó debidamente la ejecución de los proyectos con los informes y productos comprometidos, ni rindió la totalidad de los recursos transferidos.
Investigación apunta a perjuicio de $471 millones
Ante los incumplimientos detectados, Anglo American comunicó en mayo de 2024 el término inmediato de los cinco convenios y presentó una querella ante la justicia.
La imputación sostiene que, pese al término de los acuerdos y los requerimientos realizados, los fondos no fueron restituidos y habrían sido destinados a fines distintos de los establecidos. El perjuicio total atribuido en esta arista asciende a $471.554.412.
En el caso del programa contemplado para Tiltil, los antecedentes disponibles no permiten establecer por sí solos qué prestaciones se realizaron, cuánto dinero se utilizó efectivamente en su ejecución ni qué ocurrió con las rendiciones pendientes.
Por petición del Ministerio Público, ambos imputados quedaron sujetos a firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre sí. El tribunal fijó un plazo de investigación de 80 días.
La Fiscalía precisó que esta corresponde a la cuarta arista del caso ProCultura en la que formaliza investigaciones. Las anteriores corresponden a las aristas Gore Metropolitano, Biobío y Minvu-Gore Antofagasta.
