La percepción de corrupción se ha consolidado como el principal cuestionamiento ciudadano hacia el Poder Judicial. Así lo revela la edición N°46 del informe “Claves Ipsos”, dado a conocer este jueves, el cual evidencia una profunda desconfianza en el funcionamiento del sistema de justicia chileno
Corrupción como problema estructural
De acuerdo con el estudio, un 57% de las personas considera que la corrupción es el principal problema del Poder Judicial, superando ampliamente otras falencias como la lentitud de los procesos judiciales o la falta de mecanismos de supervisión y auditoría. Esta percepción se mantiene de forma transversal entre distintos grupos etarios, zonas del país y niveles socioeconómicos, lo que refuerza la idea de un cuestionamiento estructural al sistema
La desconfianza no se limita a casos puntuales. El informe muestra que las principales instituciones del Sistema de Justicia son asociadas mayoritariamente a corrupción y no a probidad. En ese contexto, la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público concentran los niveles más altos de asociación negativa, profundizando la percepción de un problema extendido en toda la institucionalidad judicial
Fallos influidos por poder y dinero
Uno de los resultados más críticos del estudio apunta a la forma en que la ciudadanía cree que opera la justicia en Chile. Un 78% considera que las decisiones de los tribunales están influidas por personas con poder y dinero, mientras que el 75% estima que, sin recursos económicos, es muy difícil lograr justicia.
Penas cuestionadas y sensación de injusticia
La evaluación sobre las sanciones aplicadas tampoco es positiva. Solo un 21% de los encuestados está de acuerdo con que las penas son proporcionales a los delitos cometidos, lo que contribuye a una sensación generalizada de impunidad y debilita la legitimidad de las resoluciones judiciales ante la opinión pública.
Caso Muñeca Bielorrusa: un punto de inflexión
Este escenario se ve agravado por el denominado Caso Muñeca Bielorrusa, vinculado a presuntas irregularidades en fallos judiciales. El estudio revela que un 62% de las personas cree que no se trata de un hecho aislado, sino de prácticas corruptas frecuentes dentro del sistema judicial chileno.
Para casi la mitad de los consultados, lo más grave del caso es la eventual existencia de una red que involucraría a jueces, abogados, empresarios y actores políticos.
Frente a este diagnóstico, el informe también refleja una fuerte demanda por medidas concretas que permitan enfrentar la corrupción. La ciudadanía apunta principalmente a la necesidad de mayor transparencia financiera, mecanismos efectivos de auditoría interna y canales seguros para denuncias dentro del Poder Judicial, como señales clave para recuperar la confianza perdida.
