La Ley Alberto narcotest y alcotest dio un paso clave este martes luego de ser aprobada por la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputadas y Diputados.
El proyecto establece la aplicación obligatoria y periódica de exámenes de consumo de alcohol y drogas a conductores del transporte público mayor, con el objetivo de prevenir siniestros viales y reforzar la seguridad de los pasajeros.
La iniciativa surge tras la muerte de Mauro Alberto Gómez Estay, estudiante del Liceo Eduardo de la Barra, quien falleció luego de ser atropellado por un conductor de microbús que manejaba bajo la influencia de drogas. El caso impulsó una serie de mociones parlamentarias que fueron refundidas junto a una propuesta presentada por el Ejecutivo.
Exámenes cada cuatro meses a todos los conductores
Uno de los autores del proyecto, el diputado Luis Cuello, valoró el avance legislativo alcanzado. “Estamos muy satisfechos porque acabamos de aprobar en la Comisión de Transportes la Ley Alberto”, señaló, destacando que se trata de una medida concreta para evitar nuevas tragedias en el transporte público.
Según explicó el parlamentario, la normativa obliga a las empresas de transporte público mayor a someter a todos sus conductores a controles de narcotest y alcotest cada cuatro meses. “Esto busca prevenir e impedir conductas criminales que han costado la vida de personas”, recalcó Cuello, agregando que la prioridad ahora es que el proyecto avance con rapidez a la Sala.
Durante la discusión, la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Luz Infante, alertó sobre un aumento sostenido del consumo de drogas entre conductores entre 2020 y 2024, especialmente en personas jóvenes, junto con una mayor participación en siniestros viales.
Las cifras expuestas muestran que los accidentes asociados al consumo de drogas pasaron de 34 en 2020 a 100 en 2024, mientras que las víctimas fatales aumentaron de seis a 26 en el mismo período.
Tras su aprobación en comisión, la Ley Alberto narcotest y alcotest deberá ser revisada por la Sala de la Cámara para continuar su tramitación legislativa.
