Un nuevo informe de la Contraloría General de la República volvió a encender las alertas sobre las irregularidades en Gendarmería, luego de constatar que casi 1.300 personas privadas de libertad recibieron visitas pese a tener prohibición expresa.
El documento forma parte del primer Consolidado de Resultados de Auditoría, que analiza falencias detectadas entre enero de 2023 y julio de 2025 en instituciones ligadas a la seguridad pública.
El reporte reúne 62 auditorías, de las cuales 22 son reservadas por contener información sensible. En el ámbito penitenciario, la entidad fiscalizadora estableció que 1.279 internos recibieron visitas sin autorización y que 1.539 personas ingresaron a cárceles pese a tener restricción de acceso. Además, 479 visitantes que se identificaron como abogados privados no lograron acreditar su condición profesional.
A esto se suma que solo el 12,7 % de los recintos penitenciarios cuenta con sistemas de inhibición de señal, muchos de ellos obsoletos. La Contraloría advirtió que la mayoría funciona solo con tecnología 2G, pese a que los teléfonos actuales operan con redes 4G y 5G. Incluso, se permite conexión wifi, lo que vuelve ineficaz el control. También se detectó que 70 de 79 cárceles no planificaron allanamientos ordinarios durante 2024.
Las observaciones alcanzan a Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas. En fiscalizaciones vehiculares, se constató que 626 autos con encargo por robo no fueron recuperados y que 144 personas con órdenes vigentes no fueron detenidas. Además, 25 vehículos policiales tenían cámaras inoperativas.
En control de armas y drogas, se identificaron fallas graves de registro, demoras ilegales en destrucción de estupefacientes y diferencias de peso de hasta 32 kilos.
Frente a este escenario, la Contraloría instruyó sumarios, procedimientos disciplinarios y derivó antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
