Un nuevo informe de la Contraloría General de la República encendió las alarmas en materia de seguridad pública: el 90 % de las municipalidades del país no ha entregado la documentación requerida sobre sus Planes Comunales de Seguridad Pública ni las actas de sus respectivos Consejos Comunales de Seguridad.
Según el undécimo Consolidado de Información Circularizada (CIC), 342 municipios han incumplido la normativa que exige remitir esta información a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), entre ellos, 110 comunas catalogadas como “urgentes” por su alto riesgo de vulnerabilidad socio-delictual.
Estas comunas incluyen a La Florida, La Pintana, Talagante, Independencia, Puerto Montt, Pucón, Tirúa, entre otras, según detalló el organismo liderado por Dorothy Pérez.
📉 Falta de planificación: riesgo de improvisación y menor eficacia en seguridad
La Contraloría advierte que esta omisión “aumenta la probabilidad de acciones improvisadas y descoordinadas en el combate a la delincuencia” y afecta la capacidad de respuesta de las autoridades locales frente a problemáticas delictuales específicas en cada comuna.
Además, se detectó que 24 municipios tienen sus planes vencidos y 40 aún no los han enviado a la SPD, lo que contraviene la ley que exige su actualización anual.
📑 Menor frecuencia en consejos comunales de seguridad
Otro hallazgo preocupante del informe es la disminución en la entrega de actas de los consejos comunales entre 2021 y 2025. Por ejemplo, 72 municipios remitieron actas con más de un año de retraso, y 19 comunas —como Alto Biobío, Linares, Macul y Cartagena— no han reportado ninguna sesión en años recientes.
Asimismo, siete comunas de alto riesgo, como La Pintana, Lo Espejo y Viña del Mar, solo han informado entre dos y seis sesiones en todo 2024, incumpliendo la norma que exige al menos una reunión mensual.
📌 ¿Por qué es relevante esta información?
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que los Planes Comunales y los Consejos de Seguridad son claves para coordinar acciones intersectoriales que mejoren la seguridad local. No cumplir con esta normativa compromete directamente la capacidad de respuesta frente a la delincuencia y la prevención del delito.
