Un documento que pretendía convertirse en la vitrina final del Gobierno del Presidente Gabriel Boric terminó transformándose, al menos por estas horas, en un nuevo flanco político para La Moneda. Se trata del portal “Más de 1.000 Avances”, lanzado este lunes con el objetivo de ordenar y exhibir los principales hitos del Ejecutivo durante sus cuatro años de mandato.
Sin embargo, tras su publicación, el listado comenzó a evidenciar inconsistencias que no tardaron en ser detectadas y viralizadas en redes sociales: medidas repetidas, iniciativas heredadas de gobiernos anteriores, proyectos subdivididos en varios hitos para contabilizarlos más de una vez, e incluso acciones que corresponden solo a reglamentos o gestiones administrativas.
El caso de la Ley Naín-Retamal
Uno de los cambios más notorios fue la referencia a la ley que fortalece la función policial, conocida como Ley Naín-Retamal. En una primera versión figuraba como la medida número 307, pero luego fue modificada a 306, dejando únicamente el enunciado:
“Ley que fortalece y protege el ejercicio de la función policial y de Gendarmería”.
Este ajuste se convirtió en un símbolo del problema de fondo: la forma en que el Ejecutivo estaba contabilizando sus logros.
Los “avances” que generaron ruido
En el listado aparecen iniciativas emblemáticas del periodo, como:
•Reforma de pensiones
•Creación del Ministerio de Seguridad
•Ley de 40 horas
•Ley Papito Corazón
•Acuerdo por la deuda histórica de los profesores
No obstante, el intento por alcanzar la barrera simbólica de los mil avances abrió rápidamente un problema mayor: la percepción de una “inflación de logros”.
Especialistas y analistas han advertido que este manejo puede traducirse en un costo de credibilidad para el Ejecutivo, especialmente en la recta final del mandato. Incluso se detectaron medidas que fueron aprobadas en el Congreso pese a la oposición del propio gobierno, reforzando las críticas sobre qué constituye realmente un “avance” de gestión.
Correcciones y costo político
Las observaciones obligaron al Gobierno a editar el contenido de la plataforma, en un episodio que terminó instalando un debate público sobre los criterios utilizados para construir el balance final de la administración Boric.
Así, lo que buscaba ser una vitrina ordenada de logros se convirtió en un nuevo foco de controversia política, en momentos en que La Moneda intenta consolidar su legado y proyectar su evaluación ante la ciudadanía.
