La Defensoría de la Niñez presentó su séptimo informe anual y una cuenta pública donde advirtió un incremento del 37 % en las medidas judiciales de protección dictadas entre 2020 y 2024, reflejando un aumento sostenido de vulneraciones de derechos hacia niños, niñas y adolescentes (NNA).
El acto, encabezado por el defensor Anuar Quesille, contó con la presencia del presidente Gabriel Boric y ministros de Estado, quienes escucharon los principales hallazgos del documento. Quesille destacó que el informe fue elaborado “junto a niños, niñas y adolescentes, incorporando su voz en cada tema para que las políticas públicas reflejen su experiencia”.
Si bien el organismo valoró avances como la implementación del Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez y las Oficinas Locales de la Niñez, advirtió rezagos en materia de bienestar, protección frente a la violencia y participación efectiva de los niños en decisiones que los involucran.
Durante 2024, la Defensoría recibió 2.787 requerimientos ciudadanos, de los cuales un 61,8 % correspondió a casos de vulneración de derechos. En respuesta, presentó 94 denuncias administrativas —principalmente ante la Superintendencia de Educación—, 15 denuncias penales y 27 querellas, once de ellas vinculadas a explotación sexual infantil.
El organismo también inspeccionó centros de protección, residencias y recintos educativos, detectando deficiencias estructurales, desalojos sin planificación y falta de coordinación institucional. Además, el Observatorio de Derechos de la Niñez evaluó 103 recomendaciones prioritarias: la mitad mostró rezagos significativos y seis de alta prioridad no registraron avances.
Entre los desafíos pendientes, la institución subrayó la necesidad de descentralizar y financiar programas de protección, ampliar la cobertura de Chile Crece Contigo y fortalecer el acceso a la justicia de niños y adolescentes víctimas de vulneraciones graves.
