El funcionamiento de los semáforos en Las Condes dejó de ser solo un tema técnico y pasó a convertirse en un problema administrativo y judicial.
Una denuncia presentada por la empresa Bramal puso en entredicho la forma en que se han adjudicado y supervisado estos contratos, acusando concentración del mercado y eventuales conflictos de interés dentro del municipio.
En su presentación ante la Fiscalía Nacional Económica, Bramal sostuvo que Auter controla el 77,2 % de los semáforos de la Región Metropolitana y que esa posición habría derivado en trabas a los trabajos que actualmente desarrolla en la comuna.
El escrito también apuntó a la Dirección de Tránsito, donde algunos funcionarios habrían tenido vínculos laborales previos con la empresa cuestionada.
A raíz de estos antecedentes, el municipio abrió un sumario administrativo cuya resolución, fechada el 25 de junio de 2025, involucró a cuatro funcionarios: el entonces director de Tránsito, Óscar Arévalo, y Natacha Jaña, Luis Vergara y Javier Sandoval, todos con pasado laboral en Auter. En paralelo, el Ministerio Público mantiene una investigación penal, según informó Radio Biobío en 2024.
Lo que estableció el sumario
El expediente formuló siete cargos contra Arévalo, entre ellos haber impulsado la contratación de Vergara y Jaña para supervisar el contrato adjudicado a Auter, pese a su condición de exempleados, además de no ejercer una supervisión adecuada del servicio.
A Sandoval y Jaña se les imputaron faltas similares por no haberse inhabilitado, mientras que Vergara fue sobreseído. Las sanciones incluyeron suspensión del cargo y rebaja de remuneraciones.
Según el portal de transparencia, los cuatro figuraban como funcionarios a diciembre de 2025. Desde el municipio de Las Condes señalan que este entramado explica parte de los problemas y riesgos eléctricos detectados en los semáforos, mientras las indagatorias continúan.
